Si hay algo que no podemos decir de la Colombia gobernada por Gustavo Petro, es que es aburrida. Este gobierno ha sabido mantenernos entretenidos con escándalos diarios de todos los sabores, tamaños y colores dignos de Hollywood.  Algunos dan risa, algunos tristeza, otros desazón, otros miedo, unos tantos rabia, y varios, nos dejan sin palabras.

Antier, como cualquier otro día de los más de 700 que llevamos bajo el liderazgo del petrismo, no hubo excepción y otro escándalo, de esos semi-cinematográficos, sacudió al país. Esta vez fue la indignación la que se apoderó de muchos de nosotros.

Aunque ya en Colombia, por alguna extraña cualidad de adaptación que hemos generado, nos hemos ido acostumbrando a todo tipo de noticias aterradoras, (como la confesión de Olmedo López de la semana pasada, que al mejor estilo de seriado de Netflix, prende el ventilador para destapar todo un entramado de corrupción en el que con dineros de nuestros impuestos, se les iba a girar una “contribución” a los bandidos del Eln desde la Ungrd), la de antier sí que logró sobrepasar cualquier límite de la cordura: Al estilo del mejor thriller policíaco, en una carretera del nordeste de Antioquia hombres del ejército detuvieron para inspección una caravana de siete camionetas blindadas.

¿La sorpresa? Los carros pertenecían a la UNP (la misma entidad que no pudo brindar protección al asesinado director de la cárcel Modelo de Bogotá, que porque no tenían carros disponibles), e inexplicablemente transportaban cabecillas de las disidencias de las Farc con órdenes de captura vigentes. Los delincuentes a bordo de las camionetas, no aceptaron bajarse en el punto de control y fueron llevados hasta el batallón Pedro Nel Ospina de Bello para continuar con las investigaciones.

A partir de ese momento, todo tipo de explicaciones y justificaciones surreales empezaron a entregarse por parte de representantes del gobierno Petro quienes aseguraban, en perfecta resonancia con un video que compartió Alias Andrey, otro cabecilla de las Farc, “que los camaradas que se trasladan en los vehículos hacen parte de la delegación de las disidencias en la mesa de diálogos que se adelanta con el gobierno nacional y que si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política del gobierno”. Habíamos pasado, para ese momento, de thriller de acción a tragicomedia.

La diferencia con la trama normal de las películas, es que el ejército no pudo llamar al Presidente para que inmediatamente se dirigiera al batallón y le exigiera resultados al fiscal, quién por su parte, normalmente en las películas, también actúa en defensa del Estado y dispondría de toda su capacidad instalada para dar prontos y eficientes resultados. No, en este caso todo fue diferente porque resulta que tenemos un gobierno que dispuso que las entidades del Estado ahora están al servicio de los bandidos, que los recursos públicos sirven para darle protección a los criminales, y que los acuerdos de paz o la mal llamada “Paz Total”, es un cheque en blanco para que los delincuentes, sin ningún control, actúen y sepulten el país.

Pero como cualquier espectador de una película, siempre albergamos la esperanza de que el héroe llegue y reivindique el deber ser, dejando que al final los buenos ganen y los malos la paguen. Esperábamos entonces con ansias,  que entrara en escena la señora Fiscal a exigir que se investigara y judicializara a los cabecillas involucrados en el hecho y a los cómplices que permitieron que en carros de la Unidad Nacional de Protección, que pagamos todos los colombianos, se estuvieran transportando delincuentes que la semana pasada ordenaron el cierre de Puerto Rico en Meta y  volaron con explosivos una tienda en Granada, llevan años extorsionando a los habitantes del Meta y asesinan sin piedad policías y soldados semanalmente. Lamentablemente, más al estilo de los Hermanos Coen, la aparición de la Fiscal se circunscribió a la publicación de una Resolución en la que suspende todas las órdenes de captura de los cabecillas que se transportaban en los carros de la UNP para que fueren inmediatamente dejados en libertad. Pasa en las películas y pasa en la vida real.

Llegó el momento de aceptar sin eufemismos que hoy en Colombia el aparato del Estado está al servicio de quienes nos han masacrado y han producido sufrimiento a millones de colombianos. “Licencia para delinquir”, debería ser el nombre de esta película en la que, desde el gobierno nacional con la aquiescencia de la Fiscalía, la UNP, el Congreso otras varias entidades cómplices, han convertido nuestra realidad. Citando el discurso del 20 de julio del presidente Petro, esto es en lo único en lo que este gobierno ha sido eficiente.