COMO UNA oportunidad al Gobierno para ponerse al día con la salud, recibieron algunos actores del sistema y conocedores el pronunciamiento de la Corte que declaró el incumplimiento general de suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que son los recursos que las EPS reciben del Estado por cada afiliado para costear el servicio. Como consecuencia, ordenó al ministerio crear una mesa con diferentes integrantes del sector para revisar el valor fijado el año pasado y analizar el rezago que viene desde 2021.
Esta decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (la cual compila fallos de tutela en los que la Corte observó cómo el derecho a la salud fue vulnerado) al estudiar la suficiencia de la UPC, que constituye una de las fuentes de financiación del PBS (Plan de Beneficios en Salud).
La Corte concluye que hoy la UPC es insuficiente justo en el momento en que la salud sufre una de las más fuertes crisis en los últimos años, pues crecen las pérdidas en la mayoría de EPS, nueve de ellas están intervenidas por la Superintendencia precisamente porque según la entidad los estados financieros no garantizan la eficiente prestación del servicio. También las citas y los exámenes cada vez se demoran más a los pacientes, y crecen las protestas porque hay dificultades en el suministro de medicamentos, al punto que muchas personas tienen que sacar de su bolsillo para adquirirlos porque no pueden dejar de tomarlos.
En agosto del 2023, comenzó el pulso entre el Gobierno y las EPS por el valor de la UPC, pues Compensar, Sanitas y Sura advirtieron al ministerio que la plata no les alcanza. El ministro Guillermo Jaramillo abrió mesas técnicas con estas empresas, asociaciones médicas y de pacientes. Sin embargo, ello no derivó en un ajuste ese año porque el Gobierno sostuvo que los recursos son suficientes.
El Ejecutivo fijó para el 2024 el ajuste de la UPC en 12,01% soportado en la inflación (9,73%) más un 2,28% de inclusiones para la actualización de servicios y tecnologías. Sin embargo, las EPS, con la vocería de los gremios Acemi y Gestarsalud, reiteraron que la plata es insuficiente.
La polémica subió más este año porque la actualización de la UPC que hizo el ministerio fue del 5,36%, lo que según varios actores de la salud llevará el sistema al colapso. El Gobierno explicó que el incremento se hizo con base en la inflación, pues sostuvo que es inconsistente la información que entregaron las EPS sobre los costos del servicio.
A propósito del incremento de la UPC este año, y de otras situaciones manifestadas en esta crisis, la Procuraduría pidió hace poco a la Corte declarar un estado de cosas inconstitucional en la salud.
En el marco del seguimiento que se hace a la Sentencia T-760 de 2008, el Ministerio Público indicó en el documento dirigido a la Corte que “la Procuraduría destaca que la decisión de incremento del valor de la UPC para 2025 no corresponde a una decisión técnica, sino política y en tal sentido, en representación de la sociedad, solicita a la H. Corte Constitucional, adoptar las medidas orientadas a restablecer el orden constitucional y los derechos de los colombianos”.
¿Qué dijo la Corte?
El Alto Tribunal declaró en el auto conocido ayer el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la UPC, así como la insuficiencia de la UPC de 2024.
En este sentido, la Corte señaló que el ministerio no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información, detectadas desde el Auto 411 de 2016, “las cuales impiden calcular una UPC suficiente”. Entre otras cosas porque no existe un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los que se calcula la UPC, las frecuencias de uso de los servicios no son confiables y la información empleada para efectuar el cálculo en los regímenes contributivo y subsidiado no es suficiente ni de calidad.
La Corte concluyó que el ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC y que el mecanismo para fijarla requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Así mismo, dijo que es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como siniestralidad, inflación, destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor.
Adicionalmente, la Sala consideró que “esta insuficiencia puede afectar los montos mínimos que exige la ley que las EPS tengan en sus cuentas, y aunque el Ministerio alega uso indebido de la UPC, no entrega las pruebas de esto para que se inicien las investigaciones correspondientes”.
Por lo anterior, la Sala Especial ordenó al ministerio crear una mesa de trabajo con diferentes entidades y actores del sector salud cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024, conforme a unos parámetros mínimos que deberá establecer el Ministerio con apoyo de los integrantes de la mesa.
“Allí se deberá analizar el rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023. Además, se deberá establecer la forma cómo se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024, e indicar los porcentajes y fechas máximas de pago”, fija la Corte.
También ordena a la cartera de Salud reajustar la metodología de cálculo de la UPC de las próximas vigencias, incluida la de 2025.
Mientras que al Ministerio de Hacienda ordenó garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008.
Vale recordar que la semana anterior, la Corte declaró incumplimiento general al componente de suficiencia de presupuestos máximos (los dineros que el Gobierno paga a las EPS por servicios no previstos en el PBS) y abrió incidente de desacato al ministro de Salud.
Señaló el Alto Tribunal que no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022 −por valor de $819.000 millones−, entre otros.
Reacciones a la decisión
Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, dijo a EL NUEVO SIGLO que “celebramos la totalidad del fallo, esa celebración está entre la alegría, el desconcierto y la incertidumbre”.
Explicó que lo celebran porque la Corte encuentra que, como le han dicho distintos actores de la salud al Gobierno, la UPC es insuficiente. Añadió Silva que como “es insuficiente el Gobierno tiene que revisar y conformar una mesa con la visión de todos los actores, incluyendo los pacientes”.
No obstante, dijo que “la incertidumbre que tenemos es que el Gobierno hoy está en desacato porque no ha cumplido el incidente de desacato de la semana pasada, donde le dieron al ministerio 48 horas para que girara lo que adeuda de presupuestos máximos de 2022. Y no sabemos si el Gobierno va a ser respetuoso y cumplidor de los fallos de la Corte Constitucional”.
Subrayó Silva que “el Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrarle a los colombianos que le importa la salud de los pacientes”.
En tanto que el exministro de Salud y expresidente de Acemi, Jaime Arias, dijo a este Diario que “está bien que la Corte haya preferido ese fallo, pero que no se le olvide que la Corte Constitucional y en general la rama jurisdiccional, es causante de la situación financiera, en el sentido que desde hace más de una década vienen obligando al sistema a garantizar todo tipo de derechos, casi como ningún sistema de salud del mundo, sin tener los recursos suficientes.