EL PASADO 30 de diciembre el Gobierno fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá para el 2025. Es decir, estableció el valor que anualmente se pagará por asegurar a un ciudadano dentro del sistema de salud colombiano. Específicamente, el valor anual de la UPC para un cotizante que hace parte del régimen contributivo tuvo un incremento de 5,36%, lo que ubicó el valor en $1.521,489, mientras que el del régimen subsidiado se estableció en $1.323.403.
De esta manera, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) analizó: ¿es suficiente este aumento? ¿Qué implicará esto para los usuarios del sistema?
La ANIF realizó este estudio en colaboración con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de investigación y Desarrollo (Afidro) para calcular el déficit del sistema y el incremento adecuado que debía tener la UPC durante este año. Las estimaciones sugieren un aumento de la UPC del régimen contributivo equivalente a 16,4%, lo que establecería el valor de aseguramiento en $1.680.916 COP.
Para esto, los cálculos de las dos entidades se basaron en factores tales como el aumento en el uso de los servicios de salud luego de la pandemia del covid-19, el envejecimiento poblacional, el cambio tecnológico, entre otras variables. Ese valor sería suficiente para al menos garantizar la prestación de los servicios de salud en el 2025. No obstante, si comparamos esta estimación con base en el valor decretado, el aumento establecido en el decreto se sitúa 11,04 puntos porcentuales por debajo de nuestras estimaciones.
Esa diferencia aumenta las presiones financieras dentro del sistema de salud, lo que tiene amplias implicaciones para los usuarios. En primer lugar, dada la falta de recursos, los servicios y prestaciones dentro del sistema se verán fragmentados. Esto implicará, por un lado, mayores tiempos de espera para poder acceder a distintas citas médicas.
Asimismo, dice el estudio, habrá mayor demora en el acceso a especialistas, programación de cirugías y aumento en el tiempo de acceso a distintos tratamientos. Por otro lado, y como ya se venía observando desde el año pasado, la escasez de medicamentos puede continuar.
Recuerdan que el más reciente comunicado del Invima con corte a diciembre de 2024, de 195 medicamentos en estado de monitorización, cuatro se encuentran en riesgo de desabastecimiento y siete desabastecidos.
“Dentro de este último se encuentra la insulina, medicamento clave en el tratamiento de más de 1,8 millones de usuarios con diabetes. Al ser medicamentos de alto costo y difícilmente reemplazables, el tratamiento de los pacientes se podría poner en pausa y deteriorar sus condiciones de salud”, puntualizan las entidades.