El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga falló a favor de las comunidades étnicas en la acción de tutela interpuesta contra la construcción del peaje en Arroyo de Piedra, un proyecto a cargo de la Concesión Vial Autopistas del Caribe. La decisión judicial reconoce el derecho de estas comunidades a la consulta previa y a participar en la toma de decisiones que impactan su territorio.
El fallo y sus implicaciones
La acción de tutela fue presentada contra el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesión Vial Autopistas del Caribe y la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa. Las organizaciones afrodescendientes argumentaron que se vulneraban sus derechos fundamentales a la igualdad, la diversidad étnica, la participación, el debido proceso y la consulta previa.
En su sentencia, el juzgado ordenó dejar sin efecto la Resolución ST-1207 del 26 de julio de 2022, que autorizaba la construcción del peaje, y dispuso que en un plazo máximo de 72 horas se reinicie el trámite administrativo de consulta previa con las comunidades afectadas. Además, se estableció que los consejos comunitarios de comunidades negras de Luruaco, Repelón y Sabanalarga participen activamente en el proceso de certificación de procedencia de consulta previa.
Las alcaldías de estos municipios tendrán un plazo de 48 horas para informar a la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre las comunidades étnicas presentes en sus jurisdicciones. En caso de que la sentencia no sea impugnada dentro de los próximos tres días, el expediente será enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión y decisión definitiva.
Cuestionamientos al peaje de Arroyo de Piedra
El proyecto de la Concesión Vial Autopistas del Caribe ha sido objeto de críticas por parte de habitantes, transportadores y sectores productivos de la región. Los principales argumentos en contra incluyen:
- Afectaciones económicas: Un nuevo peaje encarecería el transporte, afectando negativamente a trabajadores, comerciantes y productores agrícolas.
- Vulneración de derechos étnicos: La falta de consulta previa con las comunidades afrodescendientes representa un desconocimiento de sus derechos fundamentales.
- Aumento del costo de vida: La instalación del peaje impactaría la movilidad y los precios de bienes y servicios en la región.
- Deficiencias en infraestructura vial: Se argumenta que antes de implementar nuevos peajes, es necesario mejorar las condiciones actuales de las vías en el Atlántico.
Reacciones tras el fallo judicial
El representante a la Cámara Gersel Pérez, quien lideró el recurso legal, celebró la decisión y destacó su importancia para el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes del Atlántico. “Sin duda alguna, esto es un gran avance para el reconocimiento de las etnias en el Atlántico. Hoy dimos un gran paso demostrando que el Gobierno no conoce los territorios; aquí sí están asentadas nuestras comunidades y, por ende, la Ley 21 de 1991, que protege la consulta previa, opera para estos territorios”, expresó el congresista.
Líderes comunitarios también han exigido que el proceso de consulta previa se realice de manera efectiva y garantizando la participación real de las comunidades. Según han manifestado, la sentencia sienta un precedente importante para la defensa de los derechos de los pueblos étnicos en la planificación de megaproyectos en Colombia.