Se corrompió
Es descabellado, pero en Colombia, se corrompió la sal. Por casualidad, hace un par de días llegaron a mis manos tres curiosos documentos públicos que me dejaron literalmente perplejo, y no solo por su contenido, que ya era fatal, sino por la temeridad (y yo diría complicidad), con la que actuaron sus autores.
Empiezo por el contenido. El primer documento, es una impugnación interpuesta ante el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) por el magistrado del Consejo de Estado, William Giraldo Giraldo, con el propósito de tumbar el fallo en su contra y evitar la aplicación del retiro forzoso a los 65 años. El segundo, es aquel en que se toma la decisión por parte del CSJ (el 28 de mayo), concediendo la razón al magistrado, aduciendo, entre otras razones, que en muy corto tiempo (a cuatro semanas) se expediría una ley mediante la cual, “se corregirían definitivamente esas inequidades con la rama judicial”. El tercero, la ponencia para segundo debate (del 20 de junio), del proyecto de ley que busca fijar en 70 años la edad de retiro forzoso para todos los magistrados de las Altas Cortes, incluyendo a los que actualmente están en ejercicio.
¡Es de no creerse! No bastaron las escandalosas y desestabilizadoras consecuencias de la recientemente hundida reforma a la justicia, para que se cogiera escarmiento. ¡No! Permanecen intactos viejos y nuevos artilugios que pretenden cambiarla a pedazos para dejarla a la medida exacta de las más codiciosas conveniencias privadas.
¿Cuándo se había visto que se apelara a la futurología para sustentar una sentencia judicial? A la Sala del CSJ no le alcanzó la normatividad vigente para decidir, y se vio forzada a traer de los cabellos -como gran argumento- lo que ese tribunal, en sus oscuras predicciones, suponía iría a plasmarse en una incierta ley aún en trámite en el Congreso.
Escribiendo esta columna, me encontré con una noticia adicional. El magistrado y expresidente del CSJ Jorge Armando Otálora decidió tomar la decisión de renunciar a su cargo. En su momento, había hecho parte de la Sala que había adoptado la decisión comentada aquí, salvando valientemente su voto mediante un nutrido número de consideraciones jurídicas y de responsabilidad social que no admitieron ni admiten controversia; incluyendo, por supuesto, el despropósito de amparar la decisión usando como argumento “legítimo” una ley sin aprobar.
Al renunciar, el magistrado Otálora afirmó: “Cuando la sociedad pierde la confianza en las instituciones, el camino más indicado es que quienes estamos al frente de ellas presentemos la renuncia…”.
Gracias Magistrado, esas palabras cierran con broche de oro estas modestas líneas. Ya no queda duda, en Colombia ¡la sal se corrompió!