RECUPERAR LA CONFIANZA
La salida de la crisis
No recordaba el país una crisis de tamaño tan monumental, como la que ahora esta viviendo la justicia, por cuenta del escándalo que se destapó en la Corte Constitucional, a raíz de las contradictorias declaraciones de un abogado lobista, que dice haber recibido la oferta de un soborno. La defensa mediática del acusado no se hizo esperar, haciendo prácticamente extensivos a todos sus compañeros, los motivos por lo que ha sido puesto en la picota pública. El problema explota en la Corte Constitucional, pero, como el ciudadano medio no distingue, se convierte en un factor contaminante para toda la administración de justicia, que ya venía bastante afectada por otros escándalos, como en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a causa del abuso con las tutelas, del carrusel de pensiones y del tráfico de influencias de algún magistrado, y también por el crucero que involucró funcionarios de la justicia ordinaria, aspirando a ser elegidos, con alguno de sus electores. Esto ha hecho olvidar a la opinion pública, aspectos positivos de la administración de justicia, como ha sido el juzgamiento a la parapolítica y las sanciones a los desmanes del poder ejecutivo, donde la Corte Suprema de Justicia ha sido implacable.
¿Qué hacer entonces para contrarrestar el daño que se ha ocasionado a la credibilidad que en una sociedad deben inspirar sus jueces? La respuesta no se hace esperar, se torna indispensable una reforma que renueve las instituciones y despierte la confianza de los ciudadanos, más allá de la investigación y las sanciones que puedan derivarse sobre los responsables.
Las reformas ya están decantadas y avisadas. No puede haber más carrusel de pensiones, a quien realice una operación conducente a tal finalidad, debe sancionársele de inmediato; la norma que prohíbe recibir abogados y a personas que tienen asuntos en la respectiva corte, ya existe y debe aplicarse la sanción a quienes la han incumplido. La selección de tutelas debe acabarse, se presta para corrupción y para muestra un botón. La tutela debe mantenerse, pero su trámite debe terminar en cada jurisdicción especializada. Si se presenta contra el órgano límite o corte de cierre, debe integrarse una sala de conjueces para su estudio y decisión. No debe la Corte Constitucional revisarlas; pues ello rompe con la independencia de la rama. La Corte Constitucional la elige el Congreso y ello está bien para el control de exequibilidad, pero no para revisar las decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, pues pone en el filo de la navaja el principio de la independencia que es un derecho fundamental de los ciudadanos.
En cuanto al juzgamiento y disciplina de los magistrados de las altas cortes, creemos que se debe acabar la intervención del Congreso para poder proceder por el Juez competente, como sucede a los ministros y congresistas; debe ser la máxima Corte Suprema de la justicia ordinaria la que proceda a su juzgamiento, sin más dilaciones. La idea de otra corte para aforados, no tiene presentación. Crear una corte más es atomizar la función judicial. La Corte Suprema es el actual tribunal de aforados y ha cumplido su labor a cabalidad, salvo en lo que debe intervenir previamente el Congreso.
Estas son algunas de las propuestas que deberán implementarse necesariamente para que la ciudadanía recupere la confianza en sus jueces. El debate está abierto.