El cierre de las minas que hoy afectan el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, entre ellas Zacarías y la Laguna, son algunas de las acciones que se adelantarán durante las próximas semanas en esta área protegida, con el fin de recuperar los ecosistemas y atacar las economías ilegales.
El anuncio lo dio la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; junto con el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras finalizar un Consejo de Seguridad Ambiental e instalar el Puesto de Mando Unificado (PMU) que hará el seguimiento a esta operación.
"Recuperar a Cali también es proteger su biodiversidad; por eso hemos tenido presencia de la Fuerza Pública y patrullajes constantes en los Farallones, que han permitido, a la fecha, la intervención de minas en nueve oportunidades y la captura de 10 personas por aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Nuestro ‘Plan Farallones’ también incluye acciones para frenar la destrucción de las cuencas de los ríos, la deforestación, la urbanización irregular y la minería ilegal, que hoy amenazan a nuestro pulmón”, indicó el alcalde Alejandro Eder.
Por su parte, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó el gran compromiso de los actores para esta intervención y espera que en 2024, año de la COP16, se pueda declarar que todas las minas ilegales en los Farallones han sido cerradas. “Con el liderazgo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), esperamos generar otras vocaciones en las comunidades, para que ese cambio nos lleve a procesos de conservación ambiental, al potencial turístico y a la investigación científica”, resaltó.
Las nuevas intervenciones contra la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, hacen parte de las acciones que articula Conaldef en los territorios para hacerle frente a los crímenes ambientales. Estas nuevas medidas contarán con todas las garantías en materia de Derechos Humanos.
La atención social estará respaldada por entidades como Migración Colombia; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para la atención de mujeres y menores de edad; Personería, Procuraduría Ambiental y Defensoría del Pueblo; así como la Secretaría de Salud Pública Distrital y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).