Después que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, rechazara una invitación del presidente Petro a la Casa de Nariño, se conoció que ahora el mandatario envió de nuevo una solicitud al alto tribunal para que convoque una audiencia pública sobre la reforma pensional. 

"De manera respetuosa solicito que la Sala Plena acceda a las solicitudes de audiencia pública que han sido presentadas en el marco de este proceso de control abstracto de constitucionalidad", señala la misiva del presidente.

En la carta dirigida a los magistrados de la Corte, el mandatario recordó que varios ciudadanos, desde la academia y organizaciones sociales, han solicitado la convocatoria de esta audiencia. Entre quienes han hecho la petición se encuentran la Universidad de Antioquia y el jurista Rodrigo Uprimny.

“La legitimidad del control de constitucionalidad descansa, en última instancia, sobre la calidad de la deliberación que antecede a las decisiones de la Corte”, afirmó el presidente.

En ese sentido, señaló que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales sobre una reforma clave para garantizar el derecho a la seguridad social y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo y sostenible.

Acceder a la solicitud de audiencia sobre la reforma pensional no solo le permitirá a la Corte contar con más elementos de juicio para decidir este caso, sino también profundizar la necesaria deliberación de los ciudadanos, la academia y los distintos sectores sociales y políticos, en relación con esta transformadora y necesaria reforma legislativa.

A la invitación que ya había rechazado la Corte Ibáñez le había respondido al presidente Petro: la Corte Constitucional en Sala Plena le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomía y objetividad institucional de la Corte, razón por la cual constitucional y legalmente no me es posible concurrir a participar en el citado “encuentro de diálogo”.

Al respecto el primer mandatario explicó que “la legitimidad del control de constitucionalidad descansa, en última instancia, sobre la calidad de la deliberación que antecede a las decisiones de la Corte”, afirmó el presidente. Según sostuvo Petro, varias de las solicitudes provienen de organizaciones sociales que hicieron llegar a la Presidencia de la República entre el 18 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025, solicitando que se cite a la ciudadanía a fin que los magistrados de ese Alto Tribunal escuchen las razones por las cuales se debe permitir el avance de la iniciativa.

En ese sentido, señaló el jefe de Estado que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales sobre una reforma clave para garantizar el derecho a la seguridad social y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo y sostenible.

Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reveló las próximas fechas de movilizaciones en respaldo de la reforma pensional. De acuerdo con el líder gremial, estas reformas sociales “requieren la calle”, subrayando el compromiso de su organización para llevar a cabo acciones pacíficas y democráticas. Arias enfatizó que es fundamental que la Corte Constitucional declare exequible esta reforma, argumentando que su contenido es de alta relevancia social y justicia en un país caracterizado por profundas desigualdades.

Las movilizaciones están programadas para el 8 y 31 de marzo, el 9 de abril y el 1 de mayo. Estas fechas son estratégicas, ya que coinciden con momentos significativos del calendario laboral y social en Colombia, lo que podría maximizar la participación ciudadana. Arias también destacó que estas acciones buscan “evitar un nuevo estallido social”, recordando que las reformas propuestas son respuestas a las demandas surgidas durante las protestas anteriores.

El dirigente gremial sostuvo que “Colombia es de los países más desiguales del planeta y no puede ser que la Corte Constitucional ahogue o aborte un derecho ya consagrado por el Congreso de la República y por el contrario lo pueda pasar de esta manera como exequible”, declaró Arias.