Sin respuestas claras del Gobierno sobre qué pasará con el abastecimiento de gas y los problemas que ya acusan generadoras y distribuidoras de energía, se prevé que los precios de estos servicios seguirán aumentando.

De nada han valido las advertencias de los gremios sobre la escasez del gas y la disminución del servicio eléctrico en la generación, han chocado con la negación del Gobierno en pagar lo que les debe en cubrimiento de subsidios y la opción tarifaria o por lo menos en atender por cuotas esas obligaciones.

De otra parte, la decisión de Vanti de incrementar las tarifas de gas natural hasta en 36 %, aceleró la crisis energética en el país, que siguió con la puja entre el Gobierno y los gremios, que reclaman los recursos.

Vanti, junto a otras distribuidoras como Gas Natural Cundiboyacense y Gas Natural del Oriente, detalló que los aumentos afectarán principalmente a ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal, entre otras.

Según el comunicado oficial de la empresa, el principal motivo de este ajuste es el aumento en los costos del gas nacional a partir de 2025, la necesidad de incorporar gas importado para satisfacer la demanda nacional y los mayores gastos por el transporte de gas desde las nuevas fuentes de suministro.

En varias oportunidades el ministro de Minas, Andrés Camacho, prefirió anunciar que investigarán a Vanti por el incremento en las tarifas e insistió que en el país hay suficiente gas, por parte de Ecopetrol, para cubrir el abastecimiento, pero no tomaron medidas de fondo.

Ante esta situación, los entes de control, como la Procuraduría General, tuvieron que salir al paso y alertar sobre lo que estaba sucediendo, no solo con el suministro de gas, sino con el servicio de energía en el país.

En una advertencia a los gobernadores y alcaldes del país, los instó a tomar medidas urgentes para garantizar la prestación continua del servicio y evitar un eventual apagón, que podría afectar a millones de ciudadanos.

El ente de control enfatizó en la responsabilidad legal de los mandatarios en cuanto a la garantía de pago oportuno de los servicios públicos, al señalar que estos deben incorporar en sus presupuestos las partidas correspondientes para cubrir las deudas pendientes con las empresas prestadoras de energía.

“El deber legal que les asiste de cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos, en sus municipios o distritos, incorporando en los presupuestos las partidas correspondientes y hacer las apropiaciones necesarias para cumplir con tal fin”, recordó la Procuraduría a través de su comunicado.