“Estoy molesta”, le dice Antonia Arosanwo a Reuters. Los precios del combustible se duplicaron en agosto en Nigeria, luego de que el gobierno cortara las subvenciones a la gasolina, generando una inmediata escalada en el costo de vida.
Como en Nigeria, muchos países de África y Asia han cortado o disminuido los subsidios a los combustibles en 2024, presionados por los problemas fiscales y los altos tipos de interés que hacen más costosa la financiación de estas ayudas que son habituales en la mayoría de países del mundo.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el total de las subvenciones energéticas − combustible. alcanzaba los 7 billones de dólares en 2022, una cifra jalonada por Rusia, Irán, China y Arabia Saudí, que fácilmente pueden subsidiar cualquier sector e industria.
Lejos de esta realidad, a muchos otros países no les queda otra alternativa que desmontar los subsidios y enfrentar un periodo de protestas sociales y desorden público asociado al alza en los precios de los combustibles. En este 2024, esta imagen se ha repetido de continente a continente.
A comienzos del año, Egipto y Malasia subieron los precios del combustible y de inmediato las calles se llenaron de miles de personas que marcharon contra la medida. Luego, ha venido la oleada de desmontes de subsidios y protestas en Angola, Ghana y otros países africanos.
No tan lejos, en Bolivia el presidente Luis Arce decidió en junio pasado desmontar el subsidio a la gasolina, que le cuesta a su país dos millones de dólares. “Los momentos difíciles requieren decisiones firmes, maduras, meditadas y seres humanos que no desfallezcan ante la adversidad, y éste es precisamente un momento de esta naturaleza”, dijo.
La escalada de protesta social y subida de precios de combustible se viene registrando desde hace dos años, cuando muchos vimos como en Sri Lanka se registraban intensas marchas derivadas de la subida de precios de la gasolina que provocaron la destitución del presidente Gotabaya Rajapaksa.
En ese mismo año, la BBC, con base en el monitoreo de las protestas sociales de la base de datos de The Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), identificó 92 movilizaciones ciudadanas por el alza de los combustibles, en países como Argentina, Ecuador, Guinea, Haití, Panamá y Perú.
Subsidio y protesta
En el mundo, los países de ingreso medio y bajo están sufriendo una alta presión fiscal derivada, en parte, por las subvenciones a los combustibles. Sin más alternativas a la mano, casi todos están tomando la misma decisión: cortar los subsidios. Existen, sin embargo, otras razones más estructurales que explican la relación entre el alza de los combustibles y la protesta social.
Aunque más de 92 países registraron protestas por el alza de la gasolina en 2022 y este año se está repitiendo la tendencia, un interesante estudio ha encontrado que ocurren más marchas con la subida de los precios cuando se trata de un país productor de petróleo y que subsidia parte de los combustibles.
La académica Nina Von junto con otros colegas, en el artículo “¿Fueling protest? Climate change mitigation, fuel prices and protest onset”, en “Science Direct”, concluye “que los precios de los combustibles en general, pero en particular para los países subsidiadores y productores de petróleo, aumentan la propensión a la movilización de protestas”.
El caso de Nigeria es un buen ejemplo de la relación entre subvenciones y producción de petróleo. Este país, el mayor productor de petróleo de África, dejó de subvencionar los combustibles en 2012 por razones políticas, una decisión tomada por el presidente Goodluck Jonathan, quien aducía que los subsidios terminaban en “manos de un cartel de importadores de combustible” y le restaban competencia a las refinerías nigerianas. Los nigerianos decidieron protestar durante un mes seguido hasta que logaron desmontar la medida.
Acostumbrados a las subvenciones, los nigerianos impidieron con masivas protestas el fin de los subsidios, a diferencia de otros países. Para los investigadores del estudio citado, es claro que “hay pruebas de una agrupación de tales relaciones en presencia de subvenciones y producción de petróleo, donde la población tiene mayores expectativas de que los precios se mantengan bajos. En cambio, las relaciones precio-protesta son más débiles en los países sin producción de petróleo y con impuestos sustantivos”.
Precisamente, Neil McCulloch, del instituto “Policy Practice” de la Universidad de Oxford, encuentra que “los países que subvencionan los precios y los mantienen fijos tienen más probabilidades de sufrir disturbios”. En “An exploration of the association between fuel subsidies and fuel riots”, este investigador encuentra que “las grandes subvenciones que generan estas políticas no protegen a la población de las crisis de precios y aumentan las probabilidades de que se produzcan disturbios”.
¿Qué hacer?
Fiscalmente las subvenciones a los combustibles son insostenibles para países de mediano o bajo ingreso, pero el costo político de desmontarlas hace que los gobiernos eviten tomar la decisión de quitarlas o renegociar su monto.
En Sri Lanka, el presidente Gotabaya Rajapaksa terminó renunciado luego de las protestas contra la eliminación de las subvenciones, mientras que, en Nigeria, en 2012, las marchas obligaron a restituir los subsidios. Cada cinco años, en Ecuador sucede lo mismo.
El camino, demuestra la experiencia mundial, es que los políticos se anticipen a las movilizaciones con subidas graduales de los precios.
Incluso, la discusión puede ir más allá de los precios y es importante preguntarse si las subvenciones a los combustibles generan mejoras a largo plazo o son decisiones tomadas en caliente para evitar un conflicto político.
“Nuestros hallazgos enfatizan aún más el valor de eliminar los subsidios a los combustibles y cambiar a regímenes de precios. Las subvenciones pueden proporcionar beneficios políticos a corto plazo, pero, al aumentar la probabilidad de disturbios, pueden tener grandes costes políticos a largo plazo”, dice el profesor McCulloch.
Es mundial el problema de las subvenciones a los combustibles y su desmonte. Ni Francia ni otros países que también han tenido intensas protestas sociales por el fin de los subsidios tienen una fórmula que equilibre los intereses de los subsidiados y la responsabilidad fiscal de los países. Lo que indica que, al final, alguien tiene que asumir el costo político o fiscal, todo depende de lo que elija el gobierno de turno.
* Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.