Los estudios de derecho
Se anunció por el Gobierno, dentro del paquete de medidas que se preparan para mitigar los efectos de la crisis en la justicia, dimensionados por el reciente escándalo en la Corte Constitucional con la revisión de tutelas contra sentencias de órganos de cierre en la justicia ordinaria, que se implantaría en el país el examen de Estado para todos los egresados de las facultades de derecho que aspiren a ejercer la profesion de abogado.
El primer comentario que despierta la iniciativa anunciada por el Presidente de la Republica es que lo uno no tiene que ver con lo otro. Se realiza, además, una generalización injusta con las facultades de derecho y con quienes estudian esta profesion, como si ellos fueran los responsables de que un magistrado o varios, mal ternados por el ejecutivo y mal escogidos por el Congreso, hayan dado lugar al lobby y al posible cohecho que se investiga. No se pueden mezclar peras con manzanas; los responsables no son todos los estudiantes de derecho, ni tampoco todos los magistrados que han pasado por las cortes. Lo que está sucediendo es la excepción, y más que por defecto de formacion jurídica, es por mal diseño del sistema que permite la penetración de la política en la designación de los jueces constitucionales. El problema no está en la formación de los abogados, sino en el método que se estableció para integrar la Corte Constitucional y en mala hora consagrada revisión de las tutelas contra decisión judicial de las cortes de cierre.
Asimismo, la propuesta va en contravía de todo lo que ha sido una política de Estado en materia de educación superior. Se supone que existe en el país una comisión de acreditación para los programas de estudio en las facultades de derecho; con la visita de pares designados por esa comisión a la respectiva facultad, previa reunión con todos sus estamentos, discentes, docentes, egresados, etc., se llega a la acreditación o desacreditación, luego de un detenido y sensato proceso. Nos preguntamos, ¿entonces para qué tal intervención estatal en los procesos de acreditación, si el egresado, a pesar de haber superado todos los exámenes y pruebas de su facultad, no se considera habilitado hasta que no pase unas pruebas oficiales para el ejercicio del derecho.
Pero el siguiente problema es ¿a quién se va a encargar la realización de las pruebas de Estado? ¿Al Ministerio de Justicia, o el de Educación? ¿La universidad pública o la privada, o va a ser por licitación y con qué criterios? ¿En qué queda la autonomía universitaria y los énfasis que cada facultad puede dar a sus programas de derecho?
No, por allí no es la vía para solucionar la crisis que se presenta en la Corte Constitucional. Creando una verdadera desigualdad entre los estudios de derecho y los demas de todas las profesiones; o ¿es que a todos los profesionales se les va a obligar a realizar exámenes de Estado? La publicación de los estudios de derecho y el control del Estado para su ejercicio no es la solución al problema que se ha presentado en la alta Corte.