VOLVIÓ A atizar en las últimas horas el presidente Petro la discusión porque afirma que, con la investigación a su campaña en 2022 por supuestas irregularidades en la financiación, quieren darle un golpe de Estado. Además, sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigarlo; así como dice que no tiene garantías para un proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara. Incluso pone en duda la independencia del Consejo de Estado en este caso.
Algunas voces expertas consultadas por EL NUEVO SIGLO consideran que el jefe del Estado vuelve a atacar de manera injustificada a la justicia.
Indicó el mandatario en X que “cuando el ‘fascio’ de Ordoñez (Alejandro, fue procurador) quiso sacarnos de la alcaldía (de Bogotá), burlando el voto popular, solo porque yo era progresista aduciendo una sanción disciplinaria, que no es de juez, sino administrativa, porque no le prorrogué el contrato a los ‘zares’ del aseo y se lo entregué a una empresa pública y a los humildes recicladores. Tuve que ganarle a Ordoñez en todos los estratos judiciales nacionales e internacionales y logré una sentencia de la CIDH que es obligatoria y que ahora el Consejo Electoral, que no es juez, intenta de nuevo burlar, de manera más grave. Esta vez ayudándose de un juez: la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero compuesta no de jueces penales, sino de políticos, muchos derrotados en las elecciones del 2022”.
Agregó que “en aquel entonces el Consejo de Estado estuvo del lado progresista y respaldó en toda la Convención Americana de derechos Humanos CIDH. Esta vez pareciera que volvió a manos de Ordóñez”.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves, respondió ayer en Blu Radio al mandatario que “la justicia en general no tiene ningún color político. La justicia tiene que decidir conforme a la Constitución y a la ley. Toma decisiones con fundamento en lo que digan las normas y no atiende ningún favoritismo. La justicia, por definición, es imparcial. Entonces, resulta prácticamente insólito hablar de golpes de Estado”.
¿Qué dicen expertos?
El director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que “creo que en nuestra historia republicana es difícil encontrar un antecedente de un presidente que se haya dedicado tanto a socavar la institucionalidad y atacar a la justicia”.
Añadió que “lo que el presidente está indicando con esos trinos es que es un ignorante constitucional. Y adicionalmente va en contra de tres decisiones de Altas Cortes recientes con relación a su campaña, que le están indicando que el Consejo Nacional Electoral es el ente competente para efectos de investigar su campaña en lo que hace de eventuales sobrecostos. Eso lo dijo hace dos meses la Corte Constitucional, lo reiteró hace un mes y medio la Sección Quinta del Consejo de Estado y lo reiteró hace dos semanas la sala de Consulta y Servicio Civil”.
Por su parte, Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, expresó que “aquí nadie está diciendo que el presidente de la República pueda ser separado del cargo ni jurídicamente ni de otra cualquier manera. Por lo tanto, no creo que se pueda hablar de preparar un golpe de Estado”.
Agregó que “creo que todo debe haberlo hecho la Comisión de Acusaciones, tanto las investigaciones de carácter disciplinario como todas las demás de separación del cargo, de todo lo que atañe al presidente de la República”. Sin embargo, anotó que como lo emitido por el Consejo de Estado es una “providencia obligatoria de la Sala de Consulta, pues hay que obedecerla”.
Mientras que Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema, señaló que “dice el presidente es que él tiene un fuero, es que eso no afecta el fuero porque el Consejo Electoral dirá si se violaron o no los topes. Y si se violaron pasará eso al competente para una sanción disciplinaria, y si es del caso hasta penal porque si es que informaron falsamente al Consejo Electoral de una contabilidad, eso es una falsedad”.
Indicó que “bajo el supuesto que fuera el presidente de la República el que resulte afectado como responsable de la violación de esos topes, pues el Consejo Electoral por supuesto que no lo va a sancionar porque no tiene competencia. Irá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, quien tendrá que decidir si propone a la plenaria que lo declare indigno o no”.