El punto central
El tema que, a partir de ayer, ocupa las sesiones de diálogo en La Habana, relacionado con la futura participación política de los actuales guerrilleros es uno de los más difíciles, en razón de la normatividad vigente, tanto en el plano constitucional como en el legislativo.
Al respecto, será indispensable la total certidumbre acerca del rumbo que deba seguirse para lograr el objetivo, varias veces planteado por el presidente Santos y por el fiscal Montealegre, de “cambiar las balas por los votos”. Ese propósito, que resulta inherente a la naturaleza política del proceso que se adelanta, implica “borrón y cuenta nueva”, lo que, en términos jurídicos, significa eliminación de toda inhabilidad o inelegibilidad para quienes, habiendo integrado las filas de la subversión, decidan incorporarse a la sociedad colombiana bajo el amparo de la democracia.
Todos queremos la paz y, desde luego, entendemos que alcanzarla es algo que tiene costos, y muy altos, e inclusive se ha hecho público un criterio gubernamental -que no compartimos- en el sentido de que necesariamente, en aras de la paz, se sacrificará, en todo o en parte, la justicia.
Nos parece que el tema del trato penal que se acuerde para los integrantes de la organización guerrillera, en especial quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad o -después de 2009 (cuando cesó la salvedad al Tratado de Roma)- en crímenes de guerra, es previo a la definición sobre su participación en política. En otras palabras, si aplicamos la lógica, se precisa una claridad -hoy inexistente- en torno de la suerte penal de los jefes y subalternos de la guerrilla, y sobre esa base estudiar cuáles serían las posibilidades reales de su aspiración al desempeño de cargos de elección popular, por el elemental motivo de que, para ellos, una campaña política es imposible si no gozan de seguridad jurídica en materia penal.
Así las cosas, la esencia del debate reside en establecer, antes de lo propiamente político, si un proceso de justicia transicional lleva consigo necesariamente la impunidad, inclusive respecto a crímenes de lesa humanidad. Ese es el punto que precisamente han objetado, además de importantes dirigentes políticos colombianos, el Procurador General de la Nación y organizaciones internacionales de Derechos Humanos y hasta la ONU y la Corte Penal Internacional, y sobre el cual -hasta donde entendemos, según lo divulgado- no se ha llegado a ningún acuerdo.
Si al respecto no hay nada en firme, se pierde el tiempo en lo demás.