Errores de gestión
Sin duda el tema de la semana ha sido el indignante proceso de aprobación de la Reforma a la Justicia, hecho lo más parecido a la repartición de una piñata entre los tres órganos del poder público. Este escándalo político, sin precedentes en la historia reciente del país, refleja un deterioro mayor en la “moral pública y de sus instituciones”. Adicionalmente deja lecciones preocupantes sobre la administración pública, en un país que tiene como nunca enormes oportunidades, pero también el reto de saberlas aprovechar. De no hacerlo, nos sucederá como hace 21 años con las conclusiones de la Comisión de Sabios que señalaban en aquel entonces la segunda oportunidad sobre la Tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del Coronel Aureliano Buendía por el país próspero que soñábamos. En aquel momento, no pasó nada, y hoy 21 años después no logramos el país de nuestros sueños. Si seguimos administrando el Estado como lo venimos haciendo, pasarán unos nuevos 21 años con la misma frustración anterior.
Independiente del dilema ético, la reforma a la justicia deja lecciones a los hacedores de política pública:
1. Las reformas constitucionales de alto impacto se controlan de principio a fin, no se dejan al azar de las negociaciones y no se permite que se “quemen en la puerta del horno”.
2. Las reformas constitucionales deben tener un norte claro y no mezclar en ellas temas distintos. La Reforma a la Justicia parecía más una reforma al Congreso o a la política.
3. La política pública no puede hacerse por la vía de acuerdos de mínimo común denominador en donde se trate de “beneficiar a todos los actores”. En toda política pública habrá ganadores y perdedores, lo importante es saber qué se pretende. Esta Reforma a la Justicia, como otras similares reformas, parecen más “colchas de retazos” para congraciarse con “todo el mundo” y carecen de un propósito central.
4. En el diseño de una política no se puede ser juez y parte. Las inhabilidades y dilemas éticos que de allí se derivan son gigantes. No se puede hacer una Reforma a la Justicia donde los ponentes, inspiradores y beneficiarios, participen en el curso de aprobación de la misma, o por lo menos ello debe dar lugar a reconocer inhabilidades.
5. Los actores de política pública deben leer los documentos que se sacan. La responsabilidad de un servidor público es esa, y no leer ni las ponencias, ni los proyectos de ley, juiciosamente, es un acto de profunda irresponsabilidad pública.
6. Los gobernantes no pueden hacer políticas con la lógica de “tire la piedra y esconda la mano”. Se debe responder por lo que se propone de principio a fin y si hay resultados indeseados asumir en bloque (y no parcialmente) las responsabilidades que se derivan.
7. Un error de gestión pública no puede solucionarse con un nuevo error. “El fin no justifica los medios”.
8. Finalmente la gestión pública no se puede administrar por encuestas. La gestión pública se hace por convicciones, cueste lo que cueste.