Hay dinero

El país cierra año con más de dos centenares de procesos jurídicos  entablados por el Estado a particulares, por incumplimientos en contratación pública, sanciones monetarias por delitos penales, cobros desmedidos en industria, comercio y servicios, multas a empresas mineras por contaminación, además de pagos pendientes de ciudadanos responsables de infracciones y graves accidentes de tránsito.

Pocas veces se mira hacia adentro de esta gran deuda, donde reposan los monstruos de corrupción y también de  quiebras. En todos los casos hay tentáculos en acción, para esquivar pagos o reducir deudas, mediante defensa jurídica. La cifra exacta de los billones adeudados no la precisan los expertos, toda vez que son distintos los orígenes de cobro. La mayoría provienen de la -DIAN-  y a las superintendencias de Industria y Comercio, Financiera, de Servicios Públicos, Sociedades y varios ministerios. Se suman, además, pagos que deben hacerse a la rama judicial, muchos  pendientes hace varios años, y corresponden a sanciones monetarias  impuestas por jueces, a responsables de delitos, entre los que se cuentan paramilitarismo, narcotráfico y parapolítica.

Los expertos conocedores del archivo de deudas a la Nación, consideran que en los últimos 4 años, los conocidos carruseles de la Contratación Pública, encabezan el saldo rojo que reclama el erario, luego de cerrar investigaciones y proferir fallos judiciales que incluyen multimillonarias multas.

El flujo de pagos ha mantenido un nivel estable de abonos en el último año. Eso permite pensar, si las necesidades para atender programas gubernamentales para reinserción de desmovilizados, reparación a  víctimas de violencia e instalación de centros de apoyo a quienes  regresan a sus predios, podrán atenderse con recursos de la deuda, que inclusive puede contribuir a erradicar indigencia.

Otro compromiso es acelerar la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para que el producto de la venta de bienes en poder de ese organismo, vaya a lo requerido por hospitales públicos, a punto de cerrar. Defensores y  juristas en general, conocedores del proceso, plantean como vía rápida, para cancelar esas deudas,  aplicación de descuentos y acuerdos de pago, según monto total cobrado y  tiempo acumulado de la mora. Consideran que por quiebras o crisis financiera de años atrás, sufridas por empresarios de industria y comercio, es válido un plan flexible, con plazos más largos y menores intereses, porque no fueron delitos penales.

Hay dinero, aunque el pago de multas sea lento,  -son recursos para cubrir salud pública, educación, erradicar indigencia y reducir hacinamiento carcelario-  responsabilidades estatales, que exigen manejo cristalino del dinero y razonable distribución de las partidas requeridas.