Un títere para Uribe
Lo dijo el exministro Óscar Iván Zuluaga: “se iniciará un proceso para buscar a alguien leal, que mantenga sus votos, pero también sus ideas”, “un candidato que defienda la concepción de Estado comunitario que se perdió en este gobierno”. No se trata del tal frente anti-terrorista o del estudio juicioso de opciones económicas o políticas sino de encontrar el personaje dócil, un ventrílocuo entregado y obsecuente, que ponga la firma a los decretos de Álvaro Uribe.
Los gobiernos marioneta configuran los episodios más abyectos y oscuros de la historia por su connotación vasalla. En la Europa moderna el primero fue la República de Batavia, republiqueta indigna montada en La Haya por los revolucionarios franceses entre 1795 y 1806. Vienen después, tras la caída de la Rusia zarista, los presidentes de pacotilla de repúblicas montadas en el mundo eslavo por los comunistas. Durante la Segunda Guerra, la Francia de Vichy, dirigida por Pétain, exhibe los abismos de la vileza humana. Finalizada la guerra, los títeres de los dictadores rusos en los países de Europa Oriental.
Los gobiernos marioneta son dirigidos desde fuera o desde dentro del país. Los dirigidos desde el exterior funcionan dentro de contextos político-internacionales críticos. Los que son manipulados desde adentro representan una falsificación abierta de la voluntad popular y, casi siempre, preparan el advenimiento final, al poder formal, del titiritero y su consorcio de alelados.
En América Latina han fungido los gobiernos de Héctor Cámpora, marioneta sumisa de Perón, y en Cuba Oswaldo Dorticós, muñeco operado por Fidel Castro desde 1959 hasta 1976, cuando Castro decidió asumir él mismo la jefatura de Estado.
El expresidente Uribe no tiene reatos e, iracundo frente a la autonomía desplegada por su sucesor, salió en busca de marioneta maniobrable que confronte a Santos en 2014. Quienes compitan por la ruindad de tener clavadas en sus cabezas, manos y pies las cuerdas de la manipulación van a tener que explicar la tramoya a una opinión colombiana bastante más madura y analítica de lo que presume quien arma esta tramoya destructiva.
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En mi columna anterior propuse un plebiscito para tratar con un estado de excepción constituido por el naufragio de la reforma a la justicia. La congestión judicial ha llegado a niveles insostenibles. Lo ocurrido en el Congreso agrava la crisis y el Presidente de la República podría invocar este hecho perturbador del orden social y económico para declarar la emergencia. Un decreto para conjurar la crisis podría convocar un plebiscito, convocando el pueblo a votar un conjunto de normas de excepción, que entrarían dentro de un lapso de treinta días a examen del Congreso. Stricto sensu no se trataría de reforma constitucional a través de plebiscito, prohibida por la Ley 134 de 1994.
Es necesario entender que las relaciones entre las ramas legislativa y judicial deben mejorar tras el hundimiento de la reforma judicial. La convocatoria de plebiscito no sería quizás la vía mejor para hacerlo, por lo que la propuesta del exministro Fernando Carrillo, avalada por la nueva ministra de Justicia, cobra inmensa relevancia: es necesario articular un paquete de decretos de gestión judicial que, ante todo, alivien la descongestión judicial. Los jueces están naufragando en trabajo acumulado y muchos colombianos son los afectados. ¡Hay que hacerlo ya!