Por resolución CP/RES. 1079 (2111/17) del 26 de abril 2017, el Consejo Permanente de la OEA aprobó en un único numeral “convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema ‘Situación en la República Bolivariana de Venezuela’”. La reacción del dictadorzuelo Maduro fue inmediata: denunciar la Carta de la OEA. La denuncia -que no “renuncia” como han dicho algunos medios- es una figura mediante la cual se permite a los Estados retirarse de un tratado suscrito por ellos. De la misma manera como la suscripción de tratados no es obligatoria, tampoco es obligatorio -excepto en contados casos- mantenerse en ellos. La Carta de la OEA permite en su artículo 148  que la Carta sea denunciada. Transcurridos dos años a partir de la fecha de la denuncia y “después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, el denunciante quedará desligado de sus obligaciones con la Organización.

De manera que no hay nada ilegal en una notificación de denuncia. Pero, en los términos de la cortesía internacional, Venezuela debe cumplir con las obligaciones que tenga, entre ellas pagar 10.5 millones de dólares que debe de cuotas atrasadas, que ya anunció no va a pagar. Típico del remedo de democracia que hay allí y de la vulgaridad con la que se manejan estos asuntos por el gobierno. Maduro dijo a voz en cuello: “¡al carajo con la OEA!”.

La reunión se cita “para considerar problemas de carácter urgente y de interés común” respecto de Venezuela. Ni siquiera se menciona la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana -que por cierto fue aprobada y promovida en su momento por Chávez-, la que permitiría suspender al gobierno venezolano de la Organización. El que nada debe, nada teme, reza el dicho.

Pero Maduro teme, y mucho. Venezuela tiene un gobierno que se ha robado cientos de miles de millones de dólares desde la época de “mi nuevo mejor amigo” -esa es la “mermelada” del régimen-; constituye en sí mismo un cartel de narcotráfico; ha violado descaradamente la constitución y las leyes; denunció la Convención Americana de Derechos Humanos para poderlos violar a su antojo; ha liquidado por terror la libertad de expresión; tiene las cárceles llenas de presos políticos; reprime violentamente las manifestaciones pacíficas y ha asesinado a decenas de ciudadanos inermes. Cualquiera en los calzones de Maduro y de sus secuaces temería.

A primera vista, como la OEA “no tiene dientes”, Venezuela no pierde nada como nada perdió Cuba cuando fue expulsada.  Pero debe casi USD 2.000 millones de dólares al BID, que es un órgano del sistema y tarde que temprano tendrá que pagarlos para no incurrir en “default” y pierde también los servicios de los organismos especializados (salud, agricultura etc.).

De nada le servirá ir a la Celac y a Unasur, pantomimas de organizaciones internacionales. En ellas las decisiones se adoptan por consenso lo que impide que la sancionen pero también que la respalden.

Lo único que puede poner en aprietos a Maduro es que los Estados Unidos dejen de comprarle petróleo y los venezolanos se nieguen a cargar los tanqueros que van a China y a otros países.

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Coda: Ojo al proyecto agrario que prepara el gobierno colombiano. Puede acabar en una confiscación de tierras en favor de las FARC.