El Acto Legislativo 2 del año en curso, en virtud del cual se incorpora a la Constitución la política de paz contenida en el Acuerdo del 24- 11-2016, será  un homenaje a la bandera en  tanto no se despliegue una política económica que facilite a las gentes de escasos recursos superar la precaria situación que ahora se vive, consecuencia del manejo que el señor Cárdenas le ha dado a la Hacienda Pública, haciendo del país algo parecido a lo que en su finca de recreo tiene.

Escuchando al numeroso grupo de aspirantes a la  presidencia,  la  mayoría coincide en ofrecer  una lucha sin cuartel para acabar con la corrupción que invade el manejo de la cosa pública. La razón  de ese discurso no es otra que el escándalo que ha generado el acontecer de los últimos días, -la venta de Isagen, vr gr-,  manifestación que no es extraña a la costumbre  de disparar alarmas pasajeras a causa de los titulares de prensa, reacción  transitoria pues  es muy breve, esto es, mientras pasa el efecto de su impacto y la “amnesia” colectiva distrae la conciencia.

La corrupción del manejo del erario público ha sido conducta tradicional y para confirmar esta afirmación basta recordar lo que el señor Francisco Antonio Zea hizo cuando el Libertador le encargó negociar un crédito con Inglaterra, préstamo del cual a las arcas del estado solo llego la tercera parte. En los albores de la República muchos fueron los que abusaron de su privilegiada posición para enriquecerse a costillas del pueblo y convertirse en “aristocracia” económica criolla.

La causa del conflicto armado es la injusticia  económicamente sufrida por la población. Y pensando, sin la elucubración pedante e  ininteligible de los economistas, se puede concluir que para reducirlo bastaría asumir unas políticas de intervención estatal que procuren un ambiente de confraternidad solidaria entre las gentes pobres y ricas: intervención del Estado Social.

Esta  práctica no es difícil; para comprobarlo basta con observar lo que ahora sucede en el mercado de artículos de consumo de primera necesidad, canasta familiar, en las tiendas que están invadiendo el territorio y expendiendo mercados a precios seductores. Sin mayor esfuerzo se deduce que se están practicando métodos que al tiempo que reducen gastos se bajan precios, y utilidades, probablemente ¿Por qué no extender esa práctica al comercio de bienes de consumo popular y así aliviar la economía doméstica? 

Reducir el costo del combustible, servicios públicos,  peajes, IVA y otros gastos indispensables y  como compensación a esa austeridad general, en un acuerdo de paz económica, evitar el incremento salarial que es, definitivamente,  una de las causas indiscutibles que origina el aumento en el costo de vida. Cuando el patrono se ve obligado a  aumentar sueldos  para compensar ese “detrimento” de sus ganancias incrementa el valor de sus productos.  Hay que hacer la paz verdadera y no discursos “veintejulieros”.  Erradicar la corrupción económica-social como condición del Estado de bienestar.