PENALIDADES FICTICIAS
La propaganda oficial
CON inmenso aparato propagandístico, del que Goebbels estaría orgulloso y cuyo costo desconocemos, el presidente Santos y Timochenko, firmaron en La Habana un documento que, según Santos, consagraba el fin de la guerra. Llama la atención que el documento se titula “borrador conjunto” y no aparece allí espacio para la firma de los mencionados antes, sino las de Humberto de la Calle e Iván Márquez. Bueno, si es borrador, no es documento definitivo, más si “nada está convenido mientras todo no esté convenido”, sí es un acuerdo de “cese al fuego y de hostilidades bilateral” que en la práctica ya existía puesto que las Farc habían declarado uno unilateral mientras el Gobierno no las atacara, lo que no había sucedido. Lo nuevo es la creación de unas zonas de despeje y un procedimiento para entrega de las armas, los que dejan muchas incógnitas.
Definitivo no es este documento y los mismos firmantes dijeron, con menos estridencia, que el “Acuerdo Final” se firmaría muy pronto, aunque Timochenko dijo que aún “falta pelo pal’ moño.” Hay, cerca de 40 temas pendientes. Restan convenios sobre integración de los guerrilleros, curules para la guerrilla, tierra a repartir, verificación de los acuerdos, erradicación del narcotráfico, dimensión de las zonas de concentración, tribunal para la paz, etc.
El presidente reclama como un triunfo el que la guerrilla reconozca las decisiones de la Corte Constitucional, lo cual no es ningún triunfo sino un presupuesto esencial, más aun, desde el momento en que entran en un proceso de negociación está reconociendo la legitimidad de las instituciones. En cambio, sí es un triunfo para las Farc que el Gobierno negocie con un grupo fuera de la ley.
La propaganda oficial insiste y con bastante éxito, en hacer creer que quienes no aprueben lo que se acuerde en Cuba, inclusive lo aun no convenido, son enemigos de la paz y que un acuerdo justifica cualquier concesión que se haga, lo que implícitamente significa que hay que ceder ante cualquier criminal armado para evitar muertos. Muchos no estamos de acuerdo con esto pues hay cosas por las que deben emplearse las armas del Estado, comenzando por no permitir el imperio de la delincuencia y que no se puede recompensar a los criminales con impunidad ya que el perdón presupone “penitencia” y arrepentimiento (lo que las Farc no tienen intención de reconocer), ni la conservación del fruto de sus exacciones. Dice el Presidente que no habrá impunidad para quienes reconozcan sus crímenes, pero es impunidad el que el “castigo” para quienes ordenaron el carro-bomba del Nogal o el asesinato de los diputados del Valle o las minas antipersonales o la toma de secuestrados y sus asesinatos, etc., solo sea trabajo comunitario.