La Constitución no fue quebrantada

Las estupideces (no merecen adjetivo más delicado) de nuestras tres ramas del poder público, que añaden desprestigio a la democracia colombiana para dicha de la extrema izquierda, que ahora, regocijada, pide un referendo para desestabilizar al país, con razón ha desviado la atención de la destitución del Presidente paraguayo y de sus implicaciones. Si bien nuestra ineptitud institucional da argumentos a la guerrilla y sus simpatizantes, la reacción izquierdista a la destitución de Lugo debe preocupar a los demócratas latinoamericanos pues es patente interferencia en asuntos internos de una democracia para proteger a un mandatario izquierdista.

Lugo, de izquierda moderada pero que luego se inclinó al chavismo, llegó a la Presidencia del Paraguay con el apoyo de sus dos grandes partidos, el Colorado y el Liberal, pero con sus yerros logró que ambas agrupaciones pasaran a la oposición y que, con base en el artículo 225 de la Constitución que permite remover al Presidente por  “mal desempeño de sus funciones” y por abrumadora mayoría, 76 contra 1 en la Cámara y 39 contra 4 en el Senado, lo destituyeran. Inmediatamente los regímenes de izquierda clamaron contra el “golpe de estado”, amenazaron con sanciones económicas, llamaron embajadores y “desinvitaron” al Paraguay de las próximas reuniones de Unasur y Mercosur (¿con que bases? ¿Para poder aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur que necesita la aprobación de Asunción?).

Al realizar que no puede hablarse de golpe de estado porque no medió violencia, las libertades de Lugo no han sido restringidas, la medida está contemplada en la Constitución y fue tomada por más de las dos terceras partes de las cámaras legislativas, con el rechazo de una acción de inconstitucionalidad contra la decisión por la Corte Suprema, ahora aducen que se violó el debido proceso porque se dieron dos horas para defender su posición. No olvidemos que no se trata de un juicio penal, sino político. La Constitución paraguaya no establece trámite diferente a que la acusación debe provenir de la Cámara y el juzgamiento debe ser por el Senado, procedimiento que tomó 48 horas. ¿Qué violación constitucional o legal a la democracia hubo? Ninguna. Solo la gavilla que surge cuando un izquierdista pierde el poder. Contrasta esto con la pasividad de los gobiernos centristas, como los de Colombia y Chile, que se dejan atemorizar por la izquierda y se plegaron a su vocinglería llamando a sus embajadores a consultas, lo que en derecho internacional es más fuerte que una nota de protesta. Colombia expresó “preocupación… (porque) la decisión se tomó sin contar con el tiempo suficiente para su adecuada defensa”. Afortunadamente nuestra Cancillería se dio un plazo para tomar medidas una vez se realicen las reuniones de Unasur y Mercosur y añadió, “Colombia en ningún caso adoptará medidas que afecten al pueblo paraguayo”. Por actitudes mediatintas como esta sucedió lo de la reforma a la justicia.