Santos y Paraguay
Para Paraguay, con sólo seis y medio millones de habitantes, su situación entre Brasil y Argentina ha sido infortunada. Al final de la época colonial, el Imperio Brasilero le quitó la salida al mar, lo que hoy son los Estados de Santa Catarina y Paraná. En 1865-70, Brasil, Argentina y Uruguay, en la Guerra de la Triple Alianza, no sólo le cercenaron 30% de su territorio, sino que en el conflicto murió 90% de su población masculina hábil y más de 50% de sus habitantes, un verdadero genocidio. El único apoyo latinoamericano fue el moral colombiano, con notas de protesta a los confederados y de apoyo al pueblo paraguayo.
Hoy al Paraguay le han dado la espalda, no sólo sus viejos enemigos de la Triple Alianza, sino todo Suramérica, incluida Colombia. Todos protestan el “golpe de estado contra el legítimo presidente Lugo” y, los que menos, llamaron a sus embajadores a consulta. El rompimiento de relaciones y las amenazas económicas sólo las implementaron algunos extremistas. Probablemente Paraguay siga su curso constitucional normal. Lo que sí perdurará será el precedente de que cuando un gobierno izquierdista pierde el poder, hasta los centristas, como Colombia, se unen a la gavilla vociferante de los “socialistas del siglo XXI”, mientras callan cuando estos violan impunemente los derechos humanos, interfieren en los asuntos de sus vecinos (campamentos de las Farc, Venezuela exhortando a los militares paraguayos a la subversión, financiación electoral de sus copartidarios extranjeros, etc.), manipulan las constituciones y amordazan a la prensa. ¿Por qué entonces el Gobierno colombiano no habla de violación al debido proceso o a las garantías procesales? Nuestra Canciller dijo ante Mercosur, que“en cuanto al marco jurídico en el cual se lleva a cabo el juicio, no tenemos absolutamente ningún comentario, la ley paraguaya lo contempla; lo que sí es claro es que dos principios fundamentales, el debido proceso y el de las garantías procesales, no se tuvieron en cuenta”. En Paraguay no se infringió la legalidad y la destitución se dio con la casi unanimidad de ambas cámaras legislativas, cuya decisión no hubiera variado con mucho tiempo que le hubieran dado a los delegados de Lugo (parece que no tenía defensores en el Parlamento) para respaldarlo. No hubo golpe de estado, tal vez nuestro gobierno lo que quiere es, para incluir un procedimiento de su agrado, que Paraguay modifique su Constitución y en esta materia nuestro gobierno no tiene autoridad. Hablando de Mercosur, la Canciller no protestó porque, aprovechando que, irregularmente, se excluyó a Paraguay de las deliberaciones, se aprovechó para aprobar furtivamente el ingreso de Venezuela, al que, ironía, el Senado paraguayo había vetado por considerarla antidemocrática. Callar ante los excesos de los autócratas es fomentarlos, echarnos la soga al cuello. Presidente Santos, no podemos estar bien con ellos y con la democracia al mismo tiempo.