Ser un o una congresista popular es fácil. La fórmula está en el maniqueísmo, en promover el odio y vender indignación sin mayor fundamento. Yo les digo que ha sido grato ver tantos colegas en Cámara y Senado rigurosos y pausados, pero infortunadamente es muy rentable darle a las arengas.

El llamado es a darse la pelea de entender un problema y escuchar diferentes puntos de vista, las externalidades negativas y positivas que puede causar una medida o la defensa o ataque a un funcionario. Lo fácil es jugarle al populismo que da votos, cámaras y titulares, por eso no es raro que el país considere que los parlamentarios somos unos vagos buenos para nada.

Traigo este tema a colación, porque en las últimas semanas en el Congreso de la República hemos tenido que debatir algunos proyectos de ley en los que pareciera que defender lo que, de acuerdo a la evidencia, es correcto para la ciudadanía, implica asumir el rol de villano.

Un primer caso para demostrar lo que estoy diciendo es el proyecto de “Cadena perpetua para violadores de menores”. El mayor problema con relación al abuso de niños es la impunidad y la falta de denuncias. Es bien sabido que la gran mayoría (88%) de delitos sexuales contra menores son cometidos por personas cercanas: familiares, amigos o cuidadores y que el 97% de los casos queden impunes.

Según Unicef, la mayoría de niños y familias no denuncian a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La cadena perpetua da la impresión de estar solucionando algo cuando realmente no protege a nuestros niños, además de agudizar la crisis carcelaria. Por eso voté negativo este proyecto, sabiendo que me tildarían de amiga de los violadores a pesar de un trabajo a conciencia por mujeres y niños.

Otro buen ejemplo es el proyecto de “Borrón y cuenta nueva” que busca que más personas accedan a créditos formales, borrando la información de los morosos. Mi voto es positivo, en la coyuntura económica del Covid-19, resulta razonable que no se le sume un reporte ante centrales de riesgos a quienes se “cuelgan” en sus obligaciones financieras.

 A pesar de la popularidad del proyecto, no se deben obviar los efectos adversos que generaría. En Chile se implementó una ley parecida, a aquellas personas con menor capacidad de pago se les incrementaron sustancialmente las tasas de interés. El efecto no esperado fue desmejorar las condiciones de crédito de las personas de bajos ingresos y el aumento del “gota a gota”. Pero lo más grave es que si el sistema financiero no tiene información, le termina prestando solo a quienes tienen garantías reales, y afecta a los que más trabajo les cuesta acceder al crédito.

Creo en la responsabilidad de dar conversaciones difíciles o impopulares ante la opinión pública. Siempre trataré de votar de acuerdo a lo que dice la evidencia, mis convicciones y sin pensar que tenemos la verdad revelada. Hacer el esfuerzo de evitar los cantos de sirena de la indignación y el populismo barato.