Las próximas semanas se vislumbran todavía más complicadas para el Gobierno por las consecuencias que podría sufrir por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que cada día crece más y enreda más funcionarios.

El caso se refiere a las coimas que supuestamente se habrían ordenado desde la Casa de Nariño para dar a congresistas con la intención de aprobar las reformas. Carlos González renunció a seguir al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia y podrían darse más dimisiones, así como se esperan nuevas decisiones de la Fiscalía.

El pasado 18 de julio, la Fiscalía abrió por estos hechos una investigación preliminar a Carlos González; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exministro del Interior, Luis Velasco, y a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

González anunció su renuncia el pasado viernes porque, como él admite en su carta de dimisión, es insostenible su permanencia en el cargo.  El pasado jueves, en la imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, en su orden, fue señalado por la fiscal Andrea Muñoz de ordenar el pago a congresistas.

La fiscal del caso dijo en la audiencia que Pinilla hizo “la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al entonces presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)”.

González, quien llegó en febrero pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia en un enroque para que Laura Sarabia asumiera la jefatura del Dapre, dijo en la carta de renuncia que dirigió al presidente Petro: “ante los últimos acontecimientos conocidos a través de los medios de comunicación, mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación, he considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública”.  

Añadió que “me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él, mi inocencia es irrefutable”.

Desde París, a donde viajó para participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos, el presidente Petro sin tardanza aceptó la renuncia de González.

“Acepto la renuncia de Carlos Ramón director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio, y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es su separación del cargo”, manifestó el jefe de Estado.

Con Carlos González son tres cabezas del alto gobierno que han rodado hasta el momento como consecuencia del escándalo en la Ungrd, que arrancó a principios de este año por informes de prensa que denunciaron que los 40 carrotanques que compró esta entidad para llevar agua a La Guajira, en la etapa más fuerte de la sequía por el fenómeno de El Niño (el cuarto trimestre del 2023), permanecían parqueados en un batallón por falta de unas pólizas; y que después creció como la espuma cuando las investigaciones que aperturaron la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría encontraron millonarios sobrecostos en este y otros contratos.

La primera baja en el Gobierno por este escándalo se produjo el pasado 6 de mayo, cuando presentó su renuncia la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, poco después de que Pinilla en "Semana" dijo que en el contrato por $46.800 millones para comprar 40 carrotanques, el contratista que se quedó con el negocio prestó $4.000 millones. De los cuales, según este exfuncionario, se entregaron $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente para granjear la aprobación de las reformas del Gobierno.

Pinilla sostuvo que Sandra Ortiz fue presuntamente la “mensajera” para llevar la plata a Name, lo cual tanto ella como este senador dicen que no es cierto. “Es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”, aseguró el exsubdirector de la Ungrd.

También, el pasado 29 de junio, Luis Velasco dejó el Ministerio del Interior. Si bien su salida se dio en el marco de un remezón ministerial que propició el presidente Petro y que tocó seis carteras, distintos sectores políticos y opinadores en otros campos consideraron que tuvo mucho que ver el que haya sido mencionado por Olmedo López de haber participado en un cónclave, como lo llama el exdirector de la Ungrd, en la Casa de Nariño el pasado 27 de noviembre, junto con otros ministros y altos funcionarios, en donde se habrían impartido órdenes para entregar coimas a congresistas, representadas en dinero contante y sonante, así como contratos en varias regiones del país.

“El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país”, señaló Olmedo López.

En las últimas horas, Velasco reiteró en declaraciones a "El Colombiano" que el Gobierno no dio dádivas a congresistas para favorecer la discusión de sus proyectos y que en su caso no cometió irregularidades.

Sobre el llamado “cónclave”, el exministro aseguró que “esa reunión no era ningún cónclave, era la reunión periódica que citaba el director del Dapre, conocida como Comité Político”. Agregó que “en esa reunión se estudiaba el estado de opinión del país, se analizaban encuestas, se revisaban avances del Gobierno y se discutían las dificultades y avances de la agenda legislativa”.

Velasco dijo que “López tiene un sinnúmero de contradicciones fáciles de demostrar en sus declaraciones”; no obstante, manifestó que “no lo haré en público, sino ante los funcionarios judiciales”.

La fiscal Andrea Muñoz, en la audiencia en que presentó el acervo probatorio contra López y Pinilla, reveló el nombre de otro funcionario que habría participado en estos hechos de corrupción. La operadora judicial mencionó al director del Departamentos Administrativo de Función Pública, César Manrique.

La fiscal señaló que “entre mayo de 2023 y marzo de 2024” Manrique hizo parte de “una empresa criminal” que “acordaron generar” con Olmedo López, Sneyder Pinilla, el funcionario de la Ungrd Luis Barreto y el asesor Pedro Rodríguez.

Añadió Muñoz que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas”.

La fiscal del caso dijo, hablándole a Pinilla, que "de junio de 2023 a marzo de 2024 su rol, señor Sneyder, consistió en adelantar los procesos contractuales para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia. Dentro de la organización coordinó con Olmedo López, Pedro Rodríguez, Luis Barreto y César Manrique el direccionamiento de la contratación a las empresas seleccionadas a cambio de coimas; simuló la escogencia aleatoria de las empresas cuyos propietarios eran previamente alertados para que alistaran las cotizaciones incluyendo la coima a pagar. Esta estrategia les aseguró que la empresa le perteneciera a un empresario, quien a cambio pagaría la coima, y controlar el precio del contrato".

Manrique reaccionó en un comunicado señalando que “ante las recientes declaraciones que involucran mi nombre, quiero poner en conocimiento de la opinión pública que no tengo ninguna relación ni responsabilidad en los hechos mencionados”.

Agregó que “con el fin de aclarar estos hechos y demostrar mi inocencia, solicitaré a la Fiscalía que se me escuche y se pueda demostrar que no participé ni tengo ningún tipo de responsabilidad sobre las acusaciones hechas en mi contra”.

Ministro de Hacienda, también en apuros

Parece complicarse la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, después de que la fiscal Muñoz dijo en la audiencia de imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla que “usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del Ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”.

Bonilla fue señalado hace varias semanas por Olmedo López de supuestamente direccionar contratos a seis parlamentarios, senadores y representantes. Y que también autorizó dos adiciones presupuestales para la Ungrd, una por $700.000 millones, un mes antes de las elecciones territoriales, y otra el 11 de diciembre, también por $700.000 millones.

López declaró en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que hubo “entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la Comisión. Que el ministro (Bonilla) saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos”.

Llama la atención que seis de los nueve parlamentarios nombrados por Pinilla y López de presuntamente recibir dádivas del Gobierno, a quienes la Corte Suprema abrió investigación preliminar, pertenecen a la Comisión de Crédito Público, la cual le da aval al Gobierno para obtener crédito en la banca internacional.

El ministro Bonilla dijo en las últimas horas a "Noticias Caracol" que “arrancaron diciendo que aquí había un gobierno conspirador, que tenía un cónclave, y están volviendo los actos de gobierno como actos ilegales. Aquí nunca hubo un cónclave, es una reunión oficial programada por el Gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática”.

Aseguró Bonilla que “aquí no hay nada de ningún acto indebido. No hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado y es un invento de los señores Olmedo y Sneyder, después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques”.

A su turno, el presidente Petro dijo: “Creo en la inocencia del ministro de Hacienda, porque sé qué les ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país”.

Tras la imputación a Pinilla y Olmedo, así como al empresario Luis Rosero, quien aceptó que entregó una millonaria ‘mordida’ en la Ungrd para que le adjudicaran el contrato de los carrotanques, la fiscal general, Luz Camargo, se refirió a cómo avanza esta investigación.

La funcionaria dijo también, sobre el caso del ministro de Hacienda, que “el equipo de investigación ya ha estado practicando pruebas, primero. Segundo, al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorga para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio. Esos espacios naturalmente los van a tener, esos espacios los define el equipo de investigación, el equipo de fiscales, no los defino yo, pero son los espacios que la ley da. Entonces, seguramente ahí van a estar. Si él quiere ser escuchado, obviamente dentro del trámite podrá ser escuchado”.

Impacto político

Independientemente de las consecuencias penales y disciplinarias que pueda derivar a varios funcionarios del Gobierno la investigación por las indelicadezas sucedidas en la Ungrd, un manto de duda se tiende sobre los efectos que este escándalo puede tener en el trámite en el Congreso de proyectos de la Casa de Nariño que vienen en marcha, como la reforma laboral, así como en el importante paquete que anunció el ministro del Interior, Juan Cristo, para esta legislatura, como la reforma de salud, la reforma a la Ley de Servicios Públicos y una especie de reforma tributaria que busca que la economía crezca.

En el caso de la reforma tributaria se han escuchado voces en el Congreso reticentes frente a esta iniciativa, porque dicen que no se justifica aprobarle más recursos al Gobierno cuando no es capaz de prevenir graves casos de corrupción, como lo ocurrido en la Ungrd.

El exfiscal general Francisco Barbosa dijo en su participación en el encuentro ideológico y programático del Partido Conservador, el pasado viernes en Cartagena, que “muy lamentable y la respuesta que nos van a dar dentro de un mes es que van a presentar una reforma tributaria para volver a pedir plata, me imagino que para recuperar lo que se robaron en corrupción también. Es decir, el colombiano promedio está pagando un impuesto que posteriormente se le está evaporando en corrupción”.

También algunos analistas consideran que este escándalo puede hacer que el Gobierno se ponga más a la defensiva de lo que ya está por las críticas a las reformas y a la gestión, así como por la investigación a la campaña en 2022 de Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la contratación.

Un gobierno más a la defensiva y reactivo es posible que termine cerrando la puerta al acuerdo nacional que viene pregonando el presidente Petro desde hace dos años y que el ministro Cristo relanzó para hacer las reformas que dijo necesita el país, para lo cual aseguró que se reunirá con las distintas fuerzas políticas.

Incluso, este grave escándalo de corrupción podría anticipar la puja de cara a las elecciones presidenciales del 2026, pues desde la oposición y los independientes algunas de sus voces representativas están llamando la atención porque esto ocurrió en un gobierno de izquierda y alternativo, y por ello invitan a los colombianos a ser muy cuidadosos por quién van a votar.

También es claro que el caso de la Ungrd hará que la lucha contra la corrupción sea una de las principales banderas de distintos candidatos en las elecciones presidenciales que serán en dos años.
 

Sanedrín investigado

Otros funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno son investigados, como la exministra del Deporte, María Urrutia, llamada a juicio penal y disciplinario por contratación irregular. También el excanciller Álvaro Leyva está en etapa de juicio en la Procuraduría por las irregularidades que se habrían presentado al declarar desierta la licitación de pasaportes.

Igualmente, la actual directora del Dapre, Laura Sarabia, afronta una investigación por su presunta responsabilidad en que a la entonces niñera de su hijo, Marelbys Meza, la llevaran al polígrafo de forma irregular policías al servicio de la seguridad de la Casa de Nariño para preguntarle por una plata que se perdió en el apartamento de su entonces jefa.

También la Procuraduría investiga  a la exministra de Educación, Aurora Vergara; la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente de Salud, Luis Leal, por las falencias en el nuevo modelo de salud para los profesores.

Qué viene en investigaciones

. Fiscalía

La fiscal Luz Camargo dijo que “lo que la Fiscalía viene haciendo es un proceso muy consistente de verificación de sus dichos y la Fiscalía va a adoptar las decisiones que debe adoptar cuando esté preparada para ello”.

. Procuraduría

Mientras que la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior Luis Velasco y al exdirector del Dapre, Carlos González, por su presunta participación en los hechos de corrupción en la Ungrd.

Por los mismos hechos vinculó al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas Wadith Manzur, Julio Chagüi, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Gallo, Germán Rozo y el ahora excongresista Juan Muñoz.

. Contraloría General

En tanto que en marzo pasado la Contraloría General declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en La Guajira.

.  Corte Suprema 

La Corte Suprema abrió investigación preliminar a nueve congresistas mencionados por López y Pinilla. El primero en declarar fue el representante Wadith Manzur y en los próximos días harán lo propio los demás. 

Los otros ocho son los senadores Iván Name (Alianza Verde), Julio Chagüi (la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Gallo (Partido Liberal). Y los representantes Andrés Calle, Partido Liberal; Karen Manrique, curul de Paz; Julián Peinado (Partido Liberal) y el ahora excongresista Juan Muñoz (Alianza Verde).