LAS DENUNCIAS periodísticas que comenzaron en febrero pasado, porque 40 carrotanques que compró la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por más de $46.000 millones para llevar agua a La Guajira estaban parqueados en un batallón en esa región por la falta de pólizas, fue interpretada como un caso más de negligencia administrativa. Hoy es el mayor escándalo de corrupción que ronda al Gobierno, pues según revelaciones de los principales implicados: el exdirector de esta entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, de ahí se sacó plata para dar a congresistas a cambio de que se aprobaran las reformas y otros proyectos clave.

Entonces esto que inició como un aparente hecho de desgreño administrativo para llevar agua a La Guajira en la época más fuerte del Fenómeno del Niño, resultó ser solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción muy grande.

Se ha dicho que estos dineros y contratación en la Ungrd se emplearon no solo para ‘comprar’ apoyos en el Congreso en función de sacar adelante las reformas, sino también para las elecciones territoriales de octubre del 2023.

También dijo López que de esa plata presuntamente se dio a congresistas para que le aprobaran al Gobierno en la Comisión de Crédito Público la solicitud de varios créditos con la banca internacional.

Incluso, López dijo en la declaración a la Corte Suprema, que fue filtrada a un medio, que se entregó contratación al Eln en Arauca para supuestamente salvar la negociación, que entre otras está estancada porque el Gobierno exige que cumpla el compromiso que manifestó hace meses de suspender los secuestros, pero esa guerrilla exige primero financiación para el sostenimiento de sus hombres.

El presidente Petro fue enfático en que su gobierno no compra congresistas, al tiempo que ha dicho que Pinilla y López mienten con el propósito de lograr una baja pena y quedarse con la plata que, según él, se robaron de la Ungrd.

Sobre los supuestos contratos entregados al Eln, el mandatario expresó que “entonces un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos”.

Sin embargo, en las investigaciones que se adelantan cada día surge algo nuevo sobre este escándalo y la Fiscalía y la Corte Suprema ya están tomando decisiones.

La Fiscalía imputará y solicitará medida de aseguramiento el próximo jueves contra Olmedo López Martínez; Sneyder Pinilla Álvarez y el contratista Luis Eduardo López Rosero, “implicados en las irregularidades de contratación detectadas en esa entidad”, explicó el organismo.

A propósito de Pinilla, en el marco del principio de oportunidad que acordó con la Fiscalía, producto de la colaboración que está mostrando con la justicia, pagaría 5 años de cárcel y pidió hacerlo en un batallón en aras de su seguridad. Además, se comprometió a devolver $292 millones. Este convenio debe ser avalado por un juez o si no queda deshecho.

Agregó la Fiscalía que también el próximo jueves revelará los resultados parciales y las hipótesis definidas en uno de sus frentes investigativos, que dan cuenta de los alcances del entramado de corrupción que se apropió de la contratación de suministro de agua en La Guajira y de obras de mitigación en Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros departamentos, durante la administración de Olmedo López.

También el presidente Gustavo Petro fue requerido por la Corte Suprema para declarar como testigo en la investigación a los expresidentes de Senado y Cámara en la pasada legislatura, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, quienes según exdirectores de esta entidad recibieron supuestamente dineros, así como otros congresistas, por instrucción de altos funcionarios del Gobierno para lograr aprobar las reformas. 

El magistrado Francisco Farfán, que tiene en su despacho los expedientes de Name y Calle, decretó más pruebas en esta investigación por petición de la defensa de estos parlamentarios, como es citar a declarar el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés ldárraga Franco.

¿Cuánto dinero está embolatado?

La Fiscalía debe entre otras aclarar cuánto dinero se perdió en la Ungrd. Olmedo López dijo que fueron $300.000 millones, que serían $180.000 en contratos y $200.000 para entregar a congresistas.

Sin embargo, Carlos Carrillo, quien reemplazó a López en la dirección de la Ungrd, dijo que “aquí se deben haber perdido billones de pesos”.

Según la W, se perdieron $1,2 billones en la administración de Olmedo López en siete contratos: el alquiler de carrotanques, por $35.000 millones; el de plantas desalinizadoras de los vehículos, por $42.000 millones; el de ollas comunitarias de La Guajira, por $20.000 millones; el de la compra de los carrotanques, por $46.000 millones; el de la construcción de mil jagüeyes por $75.000 millones; el fondo de interés colectivo por $400.000 millones y el Plan 700, por $700.000 millones.

En tanto que la Procuraduría, que también avanza en su investigación, dijo que los sobrecostos en el contrato para comprar los 40 carrotanques alcanzaron los $16.000 millones. Es decir, que cada vehículo se adquirió por $412 millones de más con respecto a los precios reales del mercado.

Olmedo López dijo que esta situación “se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos, y nace precisamente en este tema, el tema de los carrotanques”.

El exfuncionario aceptó que “es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país” porque “esa agenda, precisamente, son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas”. No obstante, López aseguró que Petro no sabía de esto: “No hace parte el presidente, no conocía y seguramente no conoce mucho de los detalles. Le fallamos a Colombia”.

Ministros salpicados

Olmedo López y Sneyder Pinilla han mencionado en sus declaraciones en la Fiscalía y el primero de ellos en la Corte Suprema de Justicia, a varios ministros y funcionarios porque supuestamente estaban enterados y participaron de la conspiración que presuntamente se habría orquestado desde el alto Gobierno para ‘comprar’ el voto de congresistas para aprobar las reformas y otros proyectos clave para la Administración Petro.

Uno de los salpicados por López fue el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, de quien dijo el exdirector de la Ungrd a Semana que “el doctor Luis Fernando Velasco tendrá que explicarle mucho al país. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Yo transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos. Era una agenda de la que tenemos que pedirle perdón al país y arrepentirnos”.

El ahora exministro Velasco, quien salió de la cartera del Interior el pasado 29 de junio producto del tercer remezón ministerial, dijo sobre las afirmaciones de López que “sus mentiras se las voy a destrozar ante la justicia”. Se conoció que la Fiscalía abrió una investigación a Velasco por estos hechos.

También Olmedo López mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El exfuncionario entregó a la Fiscalía y la Corte evidencia de chats de conversaciones suyas con asesores del ministro. También dio cuenta que Bonilla autorizó dos adiciones presupuestales para la Ungrd, una por $700.000 millones, un mes antes de las elecciones territoriales; y otra el 11 de diciembre, también por $700.000 millones. 

Llama la atención que seis de los nueve parlamentarios (ver recuadro) nombrados por Pinilla y López, a quienes la Corte abrió una indagación, pertenecen a la Comisión de Crédito Público, la cual le da aval al Gobierno para obtener crédito en la banca internacional.

López señaló a Bonilla de participar en “entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos”.

“Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”, dijo la semana anterior el ministro de Hacienda. La Fiscalía también aperturó investigación al titular de Hacienda por estos hechos de corrupción.

En tanto que los ministros de Trabajo y de Salud, Gloria Ramírez y Guillermo Jaramillo, en su orden, participaron según sostuvo López en una reunión en la Casa de Nariño el 27 de noviembre pasado. López, quien calificó este encuentro de “cónclave”, dijo que de allí salieron las órdenes para comprar congresistas.

Los congresistas

Inicialmente en sus declaraciones a medios Pinilla y López señalaron al entonces presidente del Senado Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por supuestamente recibir millonarios recursos de la corrupción en la Ungrd en el contrato para comprar los carrotanques para La Guajira. Al primero tres mil millones de pesos y al segundo mil millones, dijeron los exfuncionarios de la Ungrd.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…, la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego”, dijo Pinilla a Semana.

Como consecuencia de estos graves señalamientos la Corte Suprema abrió una investigación preliminar a Calle y Name.

Por su parte, López aseguró a medios que “este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”. En ese sentido, de manera cruda señaló que “se vendió”. Al congresista, quien negó esta versión, la Corte también le abrió investigación.

El pasado 16 de julio, la Corte Suprema recibió compulsa de copias de la Fiscalía contra ocho congresistas y un excongresista por presuntas irregularidades en la Ungrd, con base en la información que Pinilla y López le entregaron al ente investigador.

Los ocho parlamentarios que la Fiscalía pide indagar son Name, Calle y Manzur (que como se dijo ya los investiga la Corte); así como los senadores Julio Chagüi Flórez, Liliana Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya; y los representantes Karen Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez. Así mismo, Juan Muñoz Cabrera, quien renunció a la curul en febrero pasado.

El Alto Tribunal dijo que los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción (los seis), serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles.

Siete de los congresistas investigados tienen en común que han hecho parte de la Comisión de Crédito Público, la cual en el último semestre aprobó al Gobierno 13 préstamos por 2.500 millones de dólares.

Ellos son Bitar Castilla (Partido Conservador), Manrique Olarte (curul de paz), Peinado Ramírez (Partido Liberal), Gallo Maya (Partido Liberal), Muñoz Cabrera (Alianza Verde) y Wadith Manzur (Partido Conservador).

En el caso del senador Julio Chagüi y los representantes Manrique, Muñoz y Peinado se iban a beneficiar presuntamente de contratos de la Ungrd para realizar en territorios en donde tienen influencia política.

Todos los parlamentarios en cuestión, comenzando por los Name y Calle, han negado que tengan que ver con este gran escándalo de corrupción.

Los funcionarios

El actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, es uno de los funcionarios salpicados por López y Pinilla.

López dijo que la reunión del pasado 27 de noviembre se realizó en la oficina del entonces director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), Carlos González, quien está hoy al frente de la Dirección de Inteligencia.

En los últimos días, la Fiscalía abrió investigación a González por estos hechos en la Ungrd.

También ha sido mencionada Sandra Ortiz. Pinilla dijo de ella, cuando estaba al frente de la Consejería para las Regiones, que “ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”.

Ortiz renunció al cargo el pasado 6 de mayo en medio del escándalo, al tiempo que calificó de calumniosas las palabras de Pinilla. “Rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre”, dijo.

La Fiscalía también acaba de abrir una investigación a Ortiz por estos hechos.

Otra funcionaria mencionada es María Benavides, quien fue asistente del Ministro de Hacienda, quien habría coordinado varias reuniones del Ministro con López, Pinilla, y otros funcionarios.

El viernes pasado, el Ministerio confirmó que desapareció un computador de una exasesora del ministro, aunque no aclara si se trata de Benavides o no. “Inmediatamente se identificó la posible pérdida del elemento, la entidad activó el protocolo de búsqueda en los sistemas de inventarios y de control de acceso de elementos”, indica esta cartera.

Precisó “que toda la información institucional albergada en el computador se encuentra alojada en los servidores de respaldo del ministerio, atendiendo a las políticas de información de la entidad”.

Esto se suma a que la semana anterior se denunció que dos discos duros de dos portátiles asignados a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, se perdieron de su oficina luego de entregar el cargo.

La Presidencia de la República explicó que “en días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otra sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”.

Agregó que “desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido”.

De igual forma salió a relucir el nombre de Jaime Ramírez Cobo, quien ha cumplido tareas de enlace entre la Presidencia y el Congreso. Se sabe que es cercano a Laura Sarabia, actual directora del Dapre, con quien se conoce desde que trabajaban en la unidad de trabajo legislativo de distintos parlamentarios.

Ramírez Cobo tiene varias conversaciones en WhatsApp con Pinilla.