Adelante Procurador

Ya  lo decía Darío Echandía hace más de 5 lustros: “este es un país de cafres”.  El desapego a la ley parece darle la razón al eminente jurista liberal.

A la gente no le gusta respetar la ley. El Estado de Derecho ha cedido frente al Estado “social” y allí están las consecuencias: desorden, delito, despilfarro, corrupción, violencia, sangre, muerte, destrucción. Nadie tiene fe en el Estado y la palabra autoridad es sinónimo de autoritarismo, de extrema derecha, de intolerancia, de exclusión y de elites económicas.

Y es en ese contexto cuando sale un servidor público quien decide hacer valer “el acuerdo sobre lo fundamental” que no es nada distinto a la Ley. Y como no estamos acostumbrados a cumplirla, es más, la aborrecemos, nos quedamos perplejos cuando alguien impone su cumplimiento: “somos un país de cafres que no nos gusta cumplir ni ver que se cumpla la ley”.

De esa incertidumbre se brinca, con facilidad y descabellada mediocridad, a la rabia, al juicio precoz, a la opinión mediática, a la injuria política. ¿Cómo va a ser posible que alguien quiera hacer valer la Constitución Política? Es cierto que ella le otorga esas funciones al Procurador  pero, dicen los socialdemócratas, eso era para impresionar a la comunidad internacional, no para aplicarla y mucho menos contra un Alcalde de izquierda que fue elegido mediante voto popular.

Se dice: es una decisión antidemocrática. ¿Acaso habrá algo más democrático que hacer valer la ley? ¿La legitimidad electoral sirve de excusa para violar la ley?

Se dice: es una decisión política: ¿acaso no han visto los informes técnicos del Ministerio de Ambiente, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de Servicios Públicos; de la CRA y de la propia Contraloría General de la nación que reposan en el expediente?

Se dice: es una decisión arbitraria que extralimita sus funciones: ¿acaso no han leído el artículo 277 No. 6 constitucional?

Se dice: es una decisión discriminatoria, sólo contra los de izquierda: ¿acaso no saben que fue este Procurador quien destituyó e inhabilitó por 16 años a Andrés Felipe Arias, a 18 a Sabas Pretelt  y a Bernardo Moreno quienes no son precisamente unos ateos comunistas?

Se dice: es una decisión injusta: ¿acaso no es justo decirles a todos los servidores públicos, por soberbios, izquierdistas y votados que sean, que acá todos estamos por debajo de la ley, que los contratos estatales se respetan, que la libre competencia se respeta, que otorgarle una tarea tan importante como la recolección de basuras a entidades que ni técnica ni jurídicamente podían hacerlo es, cuando menos, una irregularidad. Que atentar contra la salud pública y discriminar a las minorías es violar la Constitución Política y la ley? ¿Es ello injusto?

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI