VICENTE TORRIJOS R. | El Nuevo Siglo
Martes, 10 de Julio de 2012

Falta de criterio

 

A los incalculables fiascos recientes en que ha caído nuestra política exterior, y a los que probablemente habrá que sumarle la derrota que padeceremos a fin de año frente a Nicaragua ante La Haya, hay que agregarle la incoherencia y pusilanimidad con la que se ha manejado el caso paraguayo.
El presidente Santos envió como niña de parvulario a la canciller Holguín a que vigilara en Asunción el juicio en el Congreso que, limpia y sobriamente, destituyó al díscolo exobispo Fernando Lugo.
Luego llamó a consultas a nuestro Embajador y sacó la conclusión de que allá se había producido “un abuso”, cuando el verdadero abuso, orquestado por él mismo, se estaba produciendo aquí, en La Candelaria, con la aprobación del Marco Legal “de Paz” y la Reforma “a la Justicia”, actos ilegítimos que, no por casualidad, están frustrando su reelección al ponerlo en el incómodo e insólito 48 por ciento de aprobación que tanto le estará quitando el sueño.
Al fragor de tanta crispación, acudió el Gobierno al Consejo Permanente de la OEA y, solo para no desentonar con la Casa Blanca, moderó ligeramente el frenesí prochavista de tal manera que en vez de sancionar al nuevo y legítimo gobierno de Federico Franco como lo pidieron a grito herido Hugo y sus secuaces, resolvió apoyar la misión de evaluación encabezada por el Secretario General.
Pero, claro, como era de esperarse, en la Cumbre de Unasur (liderada por el exguerrillero Alí Rodríguez), nuestra exultante Canciller, poseída nuevamente por el espíritu bolivariano que tanto la seduce, volvió a sus andanzas y en absoluta falta de criterio, acogió la idea de expulsar de la organización a Paraguay, tal como lo había sentenciado minutos antes la Cumbre del Mercosur, manipulada a su vez por el gobierno argentino.
Manipulada, digo, porque al constatar que en Paraguay se ha respetado escrupulosamente el orden constitucional, tanto la Unasur como el Mercosur no se sintieron moralmente capacitados para imponer sanción alguna y a la única conclusión a que llegaron fue la obvia: que debe haber elecciones en abril, tal como las habrá, como estaba previsto que las hubiera, y como el nuevo gobierno se ha comprometido a programar, precisamente porque es un gobierno basado en la ley y la voluntad popular.
Dicho en pocas palabras, la frivolidad con la que se está manejando nuestra política internacional es francamente pasmosa. Presidencia y Cancillería alaban a los dictadores y condenan a los verdaderos exponentes de la democracia representativa. Están dedicados al “seguidismo” bolivariano, embargados por el espejismo de que al no plantarle cara al promotor mayor del terrorismo hemisférico se facilitará tarde o temprano una negociación con las Farc.
Y así, fiasco tras fiasco, nos están conduciendo impunemente a la derrota, a la postración y a la mayor vergüenza para el interés nacional.