La libertad de expresión enfrenta crecientes restricciones en Venezuela, denunciaron este jueves organizaciones no gubernamentales ante la CIDH, a la que le pidieron exhortar a Caracas garantizar el acceso a la información.

En lo que va de año, se han registrado 71 casos de censura, así como de periodistas que son insultados públicamente por altos funcionarios públicos, la destrucción de material informativo o el cierre de programas radiales o televisivos críticos al gobierno, dijo la investigadora de la asociación Espacio Público, Gloria Salazar.

"Cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela, un aumento de 87% respecto a 2012", dijo Salazar, acompañada de representantes de otras organizaciones.

La libertad de expresión fue el objeto de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En Venezuela, los periodistas enfrentan restricciones para acceder a la información oficial o son agredidos en sus labores, mientras que los periódicos tienen dificultades para obtener divisas del Estado para importar papel, denunciaron los ponentes.

Los casos se intensificaron durante los días previos y posteriores a las elecciones del 14 de abril, en las que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, tras la muerte en marzo del mandatario Hugo Chávez. Los comicios son impugnados por la oposición.

Las organizaciones denunciaron la detención de o la agresión a periodistas durante esos días, así como el bloqueo temporal de internet por parte del gobierno la noche de los comicios.

En particular, resaltaron el caso más reciente del diario 2001, para cuyos directivos Maduro pidió públicamente este mes la pena de cárcel por la difusión de una nota sobre supuesta escasez de gasolina en Caracas.

"Persiste el desproporcionado uso del poder del Estado para criminalizar a periodistas", así como defensores de derechos humanos y reporteros ciudadanos, señaló Marianella Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad.

"Se están vulnerando los principios fundamentales", situación que atenta "contra la libertad de expresión, derecho a la información pública y derecho a saber de los venezolanos", añadió.

Luis Brito García, miembro del Consejo de Estado, ente consultivo del gobierno venezolano, rechazó los señalamientos, indicando que las denuncias provienen de "invenciones de prensa".

"No hay censura de prensa en Venezuela", afirmó.

Al respecto, la relatora especial para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, advirtió que "las violaciones a la libertad de expresión no se producen solamente cuando hay censura sino cuando hay restricciones desproporcionadas" a su ejercicio.

"Es una cuestión de grados de intensidad de la protección o grados de intensidad de sus restricciones", dijo por su parte el comisionado Felipe González, relator para Venezuela.

Más temprano, Liliana Ortega, directora de la organización de derechos humanos Cofavic, denunció un aumento de la violencia en Venezuela en 2013, marcado por agresiones a manifestaciones públicas y asesinatos.

"El elemento principal que potencia la violencia es el desdibujamiento del Estado, que está asociado a la no aplicación de la ley, la impunidad y la desnaturalización de la aplicación de la justicia", afirmó.

Las agrupaciones denunciaron también fallas de garantías judiciales a la propiedad privada e intimidación del Estado contra asociaciones civiles o sindicales por sus colores políticos.

Cada denuncia que se apilaba rebotaba en el representante venezolano ante la CIDH, Germán Saltrón.

"Están creando expedientes para satanizar al gobierno y después justificar cualquier agresión contra él", afirmó el representante venezolano ante la CIDH, Germán Saltrón, quien fue reprendido por la comisionada Tracy Robinson, tras acusar a uno de los denunciantes de mentir.

Venezuela no volverá

Venezuela concretó en septiembre su renuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, anunciada hace un año, con lo que se sale de la competencia de la Corte IDH con sede en San José para los casos en los que se denuncien violaciones de derechos cometidas después del retiro.

Sin embargo, la Comisión, una entidad con sede en Washington, sí podrá conocer casos posteriores a esa fecha porque Venezuela sigue formando parte de la OEA pese a haber renunciado a la Convención.

En la audiencia, la comisionada Dinah Shelton exhortó a Venezuela a reconsiderar su decisión, pero Saltrón descartó un regreso a la Convención.

"Venezuela no puede volver a la Corte", zanjó.

En cambio continuará asistiendo a la Comisión, afirmó, aunque más temprano la acusó de estar "parcializada" en contra de Venezuela./AFP