Fedesarrollo, el Gobierno y los gremios señalan los peligros que traería para el país que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la Reforma Tributaria

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Una caída de 0,8% anual del Producto Interno Bruto (PIB) es el estimado de Fedesarrollo del impacto que tendría para el país si se cae la Ley de Financiamiento, cuya suerte debe definirse esta semana por parte de la Corte Constitucional.

En efecto esta será una semana clave en la que el alto Tribunal debe decidir acerca de las demandas impuestas frente a la ley. Algunas de ellas tienen que ver con procedimientos como la socialización mediante la publicación en la Gaceta del Congreso o el trámite por el Senado, o de fondo como la demanda contra la sobretasa del sector financiero basado en el principio de la equidad.

En el concepto técnico que el órgano judicial pidió a Fedesarrollo sobre el impacto en las finanzas públicas en caso de que se cayera la reforma, la entidad de investigación dijo que “la reducción en el crecimiento económico sería de 0,8 puntos porcentuales por año, es decir, que si esperábamos que para 2020 la economía colombiana crecería a un ritmo de 3,5% ahora solo sería de 2,7%. Si bien una declaratoria de inexequibilidad podría, en principio, conducir a un mayor recaudo, consideramos que los costos en incertidumbre, inversión y menor crecimiento que se generarían con esa declaratoria sobrepasan los eventuales beneficios derivados de un posible mayor recaudo”, afirmó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien por ende sugirió al alto Tribunal darle el visto bueno a la ley.

El crecimiento

Señaló Mejía en su informe que “el propósito de la ley fue incentivar el crecimiento económico principalmente a través de una reducción en la carga impositiva sobre las personas jurídicas. Algunas variables macroeconómicas ya han respondido a los incentivos tributarios. Por ejemplo, el descuento de 100% del IVA pagado por adquisición de bienes de capital ha llevado a que la inversión de maquinaria y equipo aumente considerablemente, alcanzando un incremento promedio de 15,2% en lo corrido de 2019, muy superior al 2,4% promedio observado en 2018”.

Para Fedesarrollo esa reducción del crecimiento económico implicaría un menor recaudo tributario como porcentaje del PIB frente al calculado en el escenario de exequibilidad de dicha ley. Se estima que en caso de declararse inexequible los ingresos tributarios, como proporción del PIB, serían de 14,3% en 2019; 13,2% en 2020; 12,9% en 2021; y 13,08% en 2022, mientras que de aprobarse la proyección es de 12,3%, 13,6%, 13,2% y 13,1%, respectivamente.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también dio a conocer hace unos días que si la Corte tumba la ley se habría dejado de recibir a 2030 el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $900 billones. “Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdemos 10% de nuestra capacidad de ingreso de un tanganazo”, dijo.

La defensa

Asimismo, Carrasquilla Barrera explicó que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento, dado que cumplidos todos los requisitos, como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”.

Más adelante explicó que otro segundo efecto “tiene un costo y si sumamos el efecto combinado, año tras año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”.

“Nada sería más nefasto para el país que nuestra Corte Constitucional diga que el pronunciamiento de las dos cámaras parlamentarias en voz de sus secretarios generales, quienes son contadores y tienen la obligación y son contadores de la fe pública del país, resulta que no se cumplieron unos requisitos de trámite”, indicó.

Dijo además que la baja confianza de los consumidores que se registra actualmente según las encuestas de Fedesarrollo, se puede trasmitir a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas.

“En ese escenario caerían temas absolutamente revolucionarios que se han mencionado como el piso mínimo de equidad social, la manera como nosotros los colombianos tenemos que ir pensando que las personas que no están 100% en la formalidad, también necesitan cobertura en materia de seguridad social, pensiones, seguros laborales y salud", manifestó.

Dijo además que “también se debe tener en cuenta el régimen simple tributario, que le dice a las empresas que no tienen que cumplir con la totalidad de los requisitos para entrar a la formalidad plena, también se les dice que lo vayan haciendo de forma paulatina”.

Destacó que con la medida del piso mínimo de protección social y el régimen simple, "me parece que articuladas son una fuerza muy importante que ayudara a que se corrijan muchos de los problemas asociados a este fenómeno que estamos viendo en el mercado y que en síntesis es ganancia por el personal más calificado en el sector formalizado".

Los empresarios

Por su parte Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), señaló que “la ley fue impulsada por el presidente Iván Duque para generar las fuentes de financiamiento para poder solventar los gastos destinados a atender las necesidades sociales que se plantearon en el Presupuesto General de la Nación 2019, que no cuentan con financiación”.

Sostuvo que “si se cayera toda la ley sería tremendo porque el Estado pretendía recaudar $14 billones, $7 de ellos finalmente no fueron aprobados, que era lo que tenía que ver con el IVA a la canasta familiar. Esos siete desaparecerían del recaudo", agregó. 

De la misma manera señaló la eventual caída de esta Ley, también sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión.

La ANDI hizo un llamado a la Corte Constitucional a tener cautela con esta decisión y recordó que la actual Ley de financiamiento introdujo medidas positivas para impulsar sectores específicos y revitalizar la economía, como las rentas exentas para economía naranja y sector agrícola, además del régimen simple de tributación para pequeños empresarios y el régimen favorable para mega inversiones