Esta penúltima semana del año viene de la mano de varias importantes noticias que irán definiendo el panorama del proyecto Hidroituango. En el transcurso de los próximos días se esperan varios ingresos y salidas de dinero que servirían para cuadrar caja e ir proyectando lo que será el futuro de una de las obras de infraestructura más importantes y, a la vez, más polémicas de la historia reciente del país.

La primera noticia es el desembolso por parte de SURA, una de las aseguradoras del proyecto, de la póliza por 100 millones de dólares, cerca de 400 mil millones de pesos, luego de emitido el fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría en el que se evidenciaba el detrimento patrimonial del proyecto de la hidroeléctrica.

Fallos

Recordemos que a finales de noviembre, la Contraloría General de la República ratificó el fallo que responsabilizaba a 26 personas, naturales y jurídicas, entre las que se encuentran, entre otros, los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero y Sergio Fajardo; por el detrimento patrimonial y lucro cesante que se generaron en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el cual debía haber entrado en operación en noviembre de 2018.

La entidad determinó en su momento que estas personas debían pagar 4,3 billones de pesos, por las pérdidas generadas en el proyecto, los tiempos de demora en la entrega y los sobrecostos que se han generado.

Luego de dejar en firme esa decisión, las aseguradoras del proyecto fueron comunicando su intención de hacer válidas las cláusulas del contrato e ir desembolsando los dineros pactados. Una de las primeras en oficializar el pago fue Mapfre, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciara a través de su cuenta de Twitter que eran ellas (las aseguradoras) quienes debían responder por esos valores y no con el dinero de los contribuyentes. Esta aseguradora en cuestión firmó un acuerdo con EPM (la empresa encargada de la ejecución del contrato) por valor de 983 millones de dólares, unos 3,9 billones de pesos.

La aseguradora había confirmado que había pagado 1,3 billones de pesos a la empresa y que los restantes 2,5 billones de pesos se pagarían el 31 de enero del próximo año. Según esos cálculos, el pago de SURA corresponde al 10% del total del total del fallo emitido por la Contraloría General de la República, mientras que el 90% del pago del fallo por responsabilidad fiscal lo asumiría Mapfre.

Según un comunicado de la EPM, certificará a la Contraloría General de la República este desembolso una vez este se realice directamente a la empresa de Medellín.

De acuerdo al cronograma planteado por la junta directiva del proyecto, y con la prórroga del contrato, se establecieron del primero de julio y noviembre del 2022 las nuevas fechas de entrega. En ese momento deberán de entrar a funcionar las dos primeras unidades de energía.

La Contraloría por su parte anunció que es la primera vez que esta entidad, en la historia del país, logra recuperar recursos por esta cantidad de dinero.

Anticipos

La segunda noticia relevante sobre Hidroituango esta semana tiene que ver con el pago anticipado que hará la EPM de un crédito por 450 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según pudimos conocer, este dinero sería desembolsado al organismo multilateral este miércoles 22 de diciembre.

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Este préstamo realizado exactamente hace tres años, por el BID para destinar dichos recursos a inversión en el proyecto de energía eléctrica, fue desembolsado ya que según la EPM, en ese momento se confirmaba “la solidez técnica de este proyecto de generación de energía”.

En su momento, el exgerente general de la EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que: “esta operación es una muestra de la confianza y el apoyo de los participantes en este crédito, en medio de la situación que se ha vivido este año en desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Con los recursos de este desembolso, EPM fortalece su liquidez para atender en forma oportuna las inversiones requeridas por el proyecto Ituango”.

Londoño Cuesta fue de uno de los imputados en su momento por parte de la Contraloría General de la Nación, en el proceso que derivó en el fallo de Responsabilidad Fiscal que emitió la entidad y que ahora tiene al proyecto recuperando los recursos gracias al pago de las aseguradoras.

Cuando se desembolsó, el crédito incluía un tramo A (con plazo de pago de 12 años), liderado por BID Invest (sector privado del Grupo BID); y un tramo B (con plazo de ocho y 12 años) en el que participaron inversionistas institucionales y bancos comerciales internacionales de Norteamérica, Europa y Asia.

La información del pago anticipado fue realizada por la EPM a través de un comunicado publicado en la sección de información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia. Allí, la administración de EPM resalta la importancia de la relación que ha tenido con esa entidad pues ha representado un aliado muy relevante para la compañía antioqueña.

Otras polémicas del proyecto

Uno de los casos que sacudió la opinión pública fue la cifra de casi 2.100 personas que fueron desaparecidas a la fuerza en el área donde hoy se construye la mayor hidroeléctrica del país, según reveló el poder judicial que investiga los crímenes del conflicto interno. 

Estos crímenes, que se produjeron en el marco del enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano, tuvieron un "incremento inusitado" a partir de 1996.

Sin embargo, el "número de desapariciones se reduce de manera consistente" desde 2010, señaló en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada a partir de los acuerdos de paz de 2016 con los rebeldes de las FARC.

Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la exguerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia, bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango. 

"En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente", denunció la JEP, que documentó 2.094 víctimas dentro del proceso de medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse algunos cuerpos.

Solo este año la JEP ha ubicado ocho de ellos "con signos de muerte violenta" en el área de la hidroeléctrica. La Fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 despojos en los últimos años en la misma zona, de acuerdo con el comunicado. 

El primer organismo agregó que inspeccionará las "zonas inmediatas afectadas por el proyecto", ante información que apunta a la existencia de más "lugares de inhumación" con posibles víctimas.

Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a valer el equivalente a 3.700 millones.