El Jefe de Estado precisó que el Gobierno confía en que los mercados y los inversionistas han visto los beneficios de la iniciativa, por lo que hay que garantizar su vigencia

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El Gobierno anunció que presentará nuevamente la norma que se hundió en la Corte Constitucional.

Así lo declaró anoche el presidente Iván Duque, quien dijo que ya le dio indicaciones al Ministerio de Hacienda para que radique el mismo proyecto que fue aprobado en el Congreso y declarado inexequible por vicos de trámite.

Fuentes de la Casa de Nariño le dijeron a EL NUEVO SIGLO que el Ejecutivo está tranquilo pues la norma el año pasado fue presentada el 31 de octubre y alcanzó a ser aprobada, por lo que es posible cumplir con el plazo fijado por la Corte.

Duque aseguró que lo importante es no generar incertidumbre en los mercados de inversión, pues debido al fallo de la Corte la Ley de Financiamiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

El Jefe de Estado precisó que el Gobierno confía en que los mercados y los inversionistas han visto los beneficios de la iniciativa por lo que hay que garantizar su vigencia.

El presidente Duque en su declaración indicó que uno de esos beneficios es que “la economía colombiana está creciendo por encima del 3%, dato que no se observaba desde 2015 y que es muy superior a lo que se espera para la mayoría de países latinoamericanos”.

Además dijo que “el recaudo tributario ha mostrado su mejor desempeño desde 2014, creciendo por encima del 10%. Incluso se ha avanzado en la implementación de la factura electrónica y el manejo de la información tributaria de las redes comerciales, impactando favorablemente la formalización de los pequeños empresarios”.

Para Duque, gracias a la iniciativa “la Inversión Extranjera Directa ha presentado su mayor crecimiento desde 2012, registrando un incremento del 24% en el primer semestre, comparado con el mismo periodo del año pasado”.

Efecto diferido

Aunque la Corte Constitucional determinó que la inexequibilidad de esta ley, tendrá efecto diferido, es decir, entrará en marcha desde el 1 de enero de 2020, los analistas esperaban que el paso inmediato del Gobierno fuera aprovechar la coyuntura para presentar una reforma tributaria estructural.

Sin embargo, son varios los que coinciden en que de todos modos queda el interrogante sobre el futuro económico del país, pues con esa norma se esperaba el recaudo de unos $7.1 billones.

Teniendo como base que se mantuvieron varios puntos controversiales como los beneficios tributarios a las empresas, el IVA plurifásico a las cervezas, a las plataformas de servicios de modelos para adultos por webcam, entre otros, la Corte decidió no declarar exequible varios puntos de la iniciativa.

El analista económico Eduardo Ballesteros señaló que para la principal calificadora de riesgo, Fitch Ratings, el hundimiento de la ley traerá “consecuencias neutras, es decir, no cambiaría mucho el panorama actual”, mientras que si hubiera mantenido el impacto en el crecimiento económico no habría sido “tan positivo como el Gobierno cree”. 

Gran impacto

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto económico de eliminar esta legislación traerá pérdidas de mil billones de pesos en los próximos 10 años. Esto como resultado no solo del no recaudo de los nuevos impuestos, sino de la pérdida de confianza por parte de inversionistas extranjeros. De igual manera, Hacienda sostiene que la eliminación de la norma bajará el crecimiento económico en 0,8%, es decir, si se preveía que sería de 3,6%, quedaría en 2,8%. En cambio, asegura, mantenerla viva habría llevado a Colombia a un crecimiento por encima del 4%, cifra que Fitch Ratings consideró poco realista.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha refutado todas las afirmaciones en ese sentido, asegurando que, si bien el crecimiento será mayor en los primeros años, el estímulo al sector privado y extranjero dinamizará la economía al punto en que dicho vacío no se sentirá.

Beneficios

A esto se suma el escepticismo de ciertos sectores hacia el motivo de estos beneficios tributarios. Mientras el Gobierno afirma que esto incentiva la creación de empleo, los críticos manifiestan que estos recursos serían usados por las compañías en la adquisición de capital y bienes, y no en la contratación de mano de obra.

“Es una situación compleja resultante de una constante desconfianza entre empresas y trabajadores. Los primeros aseguran que necesitan de exenciones tributarios para crear empleo, mientras los segundos no creen en sus buenas intenciones y los señalan de acumulación de capital”, sostuvo el analista.

De cualquier manera, Ballesteros asegura que sin la Ley de Financiamiento el Gobierno necesitará impulsar una nueva reforma tributaria.

Sostuvo que “será necesaria entonces otra reforma tributaria, la cual debe ser aprobada en tiempo récord, ya que será difícil mantener un ambiente que facilite la inversión y la generación de empleo en el escenario actual”.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, manifestó que solo por el recaudo de impuestos la pérdida sería del orden de los $10 billones. También alertó sobre la caída de los beneficios que se podrían derivar de un crecimiento mayor de la economía, que generaría más recursos por el impuesto de renta, aranceles, el cuatro por mil y un aumento del IVA por el consumo de bienes producidos en Colombia.

Los gremios

Según la ANDI la economía colombiana dejaría de crecer entre el 0,8% y el 1%, lo que aumentaría el desempleo que en la actualidad se encuentra en el 10,8% e incrementaría la informalidad laboral, que hoy es del 47%.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dice que con la caída de la ley habrá, inevitablemente, un impacto en la confianza, en la inversión y en el crecimiento económico.

Por su parte la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que “la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto a partir de enero de 2020 la normatividad establecida en la llamada Ley de Financiamiento da un margen de maniobra para que el Gobierno radique cuanto antes el articulado manteniendo los incentivos a la inversión extranjera y beneficios empresariales para fortalecer la productividad y competitividad de la industria nacional”.

Sostuvo la dirigente que “en este proceso deben corregirse, con un nuevo proyecto de ley, los errores de trámite que originaron la decisión de inconstitucionalidad por parte de los magistrados, labor en la que deben participar con total atención el Congreso y el Gobierno con el acompañamiento de los empresarios. Es urgente enviar señales de estabilidad a los inversionistas para que en esta propuesta de transición no desfallezca el interés extranjero por invertir en el país. La confianza inversionista es fundamental en la actual coyuntura global y la tendencia de la economía mundial a estancarse como consecuencia de la tensión comercial internacional”.