LA PRETENSIÓN del presidente Gustavo Petro, de tener amplios poderes y autonomía en varios sectores de la economía nacional, hizo mella en las últimas horas con el borrador de un decreto que le daría al presidente la legitimidad para decidir cualquier modificación que se haga con los recursos destinados a las inversiones y las vigencias futuras en infraestructura.
Esta fue la última copa que ha generado incertidumbre entre empresarios e inversionistas de sectores como infraestructura, salud, minería, las Corporaciones Autónomas, petróleo, las entidades de prevención de riesgo y en regiones como Antioquia.
Estas decisiones fueron las que motivaron la salida del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. En una columna en La República, González, le dice al presidente Gustavo Petro: “en lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, el gobernante cae en la tentación de negarlos. Durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica”.
Incluso el presidente del Senado, Iván Name se refirió a las políticas del presidente Petro: “no son satisfactorias, han sido erráticas e inconvenientes, pero ello es mi posición individual y personal”.
- Las inversiones en obras
En el uso de los recursos del presupuesto, el Gobierno de la mano del Ministerio de Hacienda publicó para comentarios:
Literalmente el proyecto de decreto que reposa en la página del Ministerio de Hacienda dice en el artículo 1 parágrafo 2: “cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, deberán solicitar la conformidad del presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales. Lo anterior para continuar el trámite de estas operaciones presupuestales ante la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de vigencias futuras o su reprogramación ante el Consejo Superior de Política Fiscal, o quien éste delegue”.
Tal como está el borrador Decreto 1068 hoy día, el presidente de la República no aparece dentro del conducto regular que trata sobre esos ajustes que se realizan al presupuesto. En toda la cadena intervienen los directores de organismos, los Consejos Directivos, el DNP y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
Al respecto, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, comentó en Caracol, que esa decisión “puede ser una dictadura presupuestal. Eso violenta lo que hace el Departamento Nacional de Planeación, pero pasa por el dedo del presidente. Eso va a afectar la inversión privada que ya está frenada”.
Sostuvo que esto “va a retrasar la ejecución, no en vano se han gastado $ 50 billones en subsidios. El presidente no se ganó la lotería, esa plata es de los colombianos”.
- Los ‘yerros’ con el Presupuesto
A esta situación se une las intenciones del Gobierno con el ‘yerro’ que cometió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al no especificar en el decreto anual del Presupuesto aprobado el año pasado, el destino de $ 13 billones para obras de infraestructura y que dejaría esos recursos para el manejo discrecional del presidente.
Esa decisión incumplía, según los expertos, las exigencias legales del presupuesto y prendió alarmas entre inversionistas y financiadores del centenar de proyectos a los que se debían destinar ese dinero, entre los que se distinguía la primera línea del metro de Bogotá, el túnel de La Línea y obras en Antioquia. Tanto así que, a regañadientes, el Gobierno emitió un nuevo decreto corrigiendo el error.
Cabe mencionar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro cuenta este año con $ 502,6 billones para ejecutar, de los que $ 99 billones quedaron apropiados para la inversión social, es decir, esos son los recursos con los que se materializan obras y proyectos para la población.
- La reforma a la Salud
Frente al proyecto de la reforma a la salud, a todas luces, el mandatario espera quitarle a las EPS el manejo de los recursos con que se paga la atención de los pacientes y usuarios a hospitales e IPS.
Al respecto Petro ha dicho que “aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles”.
Y agregó que la propuesta “de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas es indudablemente una solución”, por lo que le pidió al Congreso que le “responda al país”.
- Servicios públicos
Frente al manejo de las tarifas y los recursos de los servicios públicos como energía, gas, agua e internet, con la disculpa de los precios excesivos de las empresas, se estableció un borrador que le da las facultades al presidente para que intervenga directamente.
En el borrador de la reforma, modificará la Ley de Servicios de Públicos, consagrada en las normas 142 de 1994 y 143 de 1994. Se trata de una iniciativa de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que le otorga al presidente un rol superior a las comisiones reguladoras para que sea él directamente el que dicte la política. Una facultad que no tenía el mandatario hasta la fecha, que el presidente Petro intentó por medio de un decreto que fue suspendido por el Consejo de Estado.
- Las juntas de acción comunal
Por otra parte, referente a las juntas de acción comunal (JAC), el presidente Petro quiere que sean más poderosas. Por eso en los últimos meses les ha propuesto varios encargos. Primero en Barrancabermeja les propuso atender el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Luego en Cúcuta planteó que podían poner internet de fibra óptica. Y más recientemente en la Universidad Nacional en Bogotá les dio la idea de participar en la generación de energía.
La intención es convertir a las JAC en gestoras de obras billonarias como parte de su gran apuesta por la economía popular.
En el país hay 70.000 JAC integradas por más de seis millones de personas, según el Ministerio del Interior. Y con una chequera inicial de $ 2 billones, durante la era Petro podrían convertirse en grandes contratistas del Estado y, a la vez, en brazo político del gobierno en las regiones.
Esta es la columna vertebral de la llamada economía popular, que quedó reglamentada en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Riesgos y desastres
Otra entidad en la que Petro puso el ojo fue la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, encargada de reaccionar y coordinar las emergencias en Colombia.
Desde la llegada de Olmedo López, nombramiento inexplicable del Gobierno nacional, se sabía que Gestión del Riesgo sería una entidad para ayudar con la burocracia. Olmedo López es economista con experiencia en cargos administrativos, pero jamás en desastres naturales. En cambio, sí es cercano al grupo de políticos cuestionados de Antioquia que han apoyado al Gobierno en todos sus frentes.
- Problemas en Antioquia
Sin duda otro de los deseos del presidente, es debilitar el poder que en Antioquia tiene el Centro Democrático por medio del expresidente Álvaro Uribe.
Petro cuestionó las inversiones que el Gobierno nacional hace (y ha hecho) en Antioquia y sugirió que estas tenían como propósito favorecer a los “grandes capitales”.
Además, retiró la delegación minera a Antioquia después de 23 años y restituírselas a la Agencia Nacional Minera. Ante ello, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dijo: “rechazo total a la no prórroga de la delegación minera en Antioquia, una decisión que no es técnica, sino política y afecta principalmente a pequeños y medianos mineros de una región que ha logrado más del 40% de toda la formalización minera del país”.
A su vez, el expresidente Iván Duque, sostuvo: “quitarle a Antioquía su histórica delegación minera es una demostración de revanchismo, venganza y resentimiento hacia una región que ha rechazado el pobresismo”.