Una de las discusiones más viejas que tiene el país en el sector del transporte es la del cobro de los peajes. En los últimos días este debate se reabrió a raíz de un proyecto de ley que discutirá el Congreso de la República para reformar la política marco que los regula.
Pero no es el único frente de polémica: también se registran por estos días protestas de los transportadores que ante la difícil situación económica que soportan por culpa de la pandemia, sobre todo por la caída drástica de sus ingresos, están pidiendo abaratar el cobro de peajes, entre otros alivios a la canasta de precios sectorial. Desde el lunes, por ejemplo, reiniciaron manifestaciones y aparcamientos de vehículos en diferentes vías y ciudades del país.
Como se sabe, hay dos clases de peajes en el país, los administrados por las concesiones privadas y los manejados por el Gobierno. En total hay 100 en poder de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 41 administrados directamente por el Invías.
Según los gremios del transporte, muchos de estos peajes tienen una tarifa alta e incluso algunos están ubicados en distancias muy cortas, lo que genera un sobrecosto para los conductores y la movilización de carga.
Actualmente el recaudo por peajes es de $4 billones a nivel nacional y en algunos casos los mayores beneficiarios son los municipios. Es claro que bajo el modelo de concesión vial, los privados que construyen o mantienen una vía recuperan su inversión mediante el recaudo en las casetas de cobro por un periodo determinado de años. Sin embargo, la ubicación, el costo y el número de peajes siempre genera polémica, paros, demandas y muchos pleitos más.
Ante esta situación fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende regular el costo de los peajes en el país al reglamentar aspectos clave como las tarifas o la distancia que debe existir entre cada caseta de cobro.
Esta iniciativa ya se había radicado en el Congreso el año pasado pero se hundió por un solo voto.
¿Qué propone?
De acuerdo con el representante a la Cámara Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde, el proyecto se volvió a presentar “confiando en que, una vez establecido el parámetro de los 100 kilómetros (de distancia entre peaje y peaje), se logre avanzar. Lo que buscamos es que se reglamenten los peajes para que no haya atropellos. Aquí encontramos que hay peajes cuya distancia entre uno y otro es de 20 kilómetros. En otros países, existen peajes cada 200 kilómetros”.
De acuerdo con la iniciativa, los recaudos en cada peaje son utilizados para mejorar el estado de las vías. Sin embargo, el 44%, de carreteras en el país se encuentra en mal estado y solo el 15% de ellas son consideradas como muy buenas. Por esta razón, se contempla el mejoramiento obligatorio de todas las calzadas.
El proyecto también busca que exista un cobro diferencial que tenga en cuenta la condición socioeconómica y el nivel de ingresos de los pobladores de la zona de influencia de la concesión vial. Igualmente propone tarifas diferenciales para los vehículos que transporten productos agropecuarios producidos en el territorio nacional.
También se plantea que el Congreso apruebe una distancia mínima lineal entre peajes de al menos 100 kilómetros, contados a partir del último cobro efectuado en carreteras nacionales. Esto porque, como se dijo, algunos peajes se encuentran a tan solo 20 kilómetros de distancia, sin contar su alto costo. Esta norma aplicaría para casos de vías concesionadas a privados o mixtas, o de índole público.
Incrementos
Para este año, según el Invías, el aumento en las tarifas de los peajes fue de 1,61%, de acuerdo con el índice inflacionario.
Este reajuste está vigente desde el 15 de enero pasado y se realizó en 45 peajes a cargo del Invías. Las vías que maneja la entidad son la Medellín-Bogotá; Medellín-Costa Atlántica; malla vial del Valle del Cauca; Risaralda-Valle del Cauca; Honda-Villeta; troncal Central del Norte (Zipaquirá-San Alberto); Calarcá-Cajamarca; Ruta del Sol II y Buga-Buenaventura.
Según Guillermo Toro Acuña, director técnico del Invías, “durante el 2020 y con motivo de la crisis sanitaria se suspendió durante 66 días el cobro de los peajes para todo tipo de vehículos, teniendo como prioridad brindar un alivio económico a los usuarios de la vía y que el transporte de bienes y servicios continuara sin afectaciones”.
Los dineros que se recaudan sirven para mantener la propia carretera. De acuerdo con el Invías, por ejemplo, durante 2020 se atendieron 1.427 emergencias viales y se intervinieron 2.018 kms. de calzada. También se pusieron al servicio de los colombianos 237 proyectos y 144 kms. nuevos de dobles calzadas.
Sin embargo, para los transportadores ante la difícil coyuntura económica no solo debería congelarse el reajuste en las tarifas de los peajes sino reducirlas.
Durante varias semanas el Ministerio y representantes del sector se han reunido para evaluar el impacto de los incrementos de las tarifas, sobre todo por los aumentos en los peajes concesionados.
El Ministerio reiteró, en el marco de las protestas, que de los 99 peajes que corresponden a la ANI, 91 subieron el IPC, cuatro no incrementaron su tarifa y solo en cuatro se presentaron alzas por encima de la inflación.
Entre los acuerdos que han logrado el Ministerio, la ANI y los concesionarios está la suspensión del incremento en tres peajes de la Vía Bogotá-Villavicencio, que se tenía previsto en 7,8%, pero solo ascenderá a 3%. También se suspendieron de manera transitoria los incrementos del peaje La Pintada, ubicado en el proyecto Pacífico 2, en Antioquia.
Los otros peajes donde se presentó un aumento superior al IPC fueron Calamar, en el proyecto Puerta de Hierro-Cruz del Viso; Machetá, en la autopista Transversal del Sisga, y Lizama, en el corredor Bucaramanga-Barranca-Yondó.
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Lo que piden
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y la Logística (Colfecar) le solicitó al Gobierno controlar los incrementos en los peajes teniendo en cuenta que aún el país sigue soportando las consecuencias de la pandemia, el sector empresarial no ha logrado la normalidad en sus actividades, el mes de enero cerró con una tasa de desempleo del 15.9% y la economía no se ha recuperado.
“Por lo anterior, el sector transportador no puede asumir incrementos en las tarifas de peajes por encima de la inflación, ni más aumentos en el combustible, puesto que estos dos rubros representan el 46.82% de los costos operativos del transporte de carga. Adicionalmente, consideramos inconveniente autorizar nuevas alzas cuando aún no hemos iniciado la primera etapa de vacunación para salir de la pandemia y lograr la recuperación de los sectores económicos”, afirmó la presidente de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez.
“El anuncio del aumento exorbitante en algunas tarifas de peajes sumado a los incrementos en el precio del combustible en enero y febrero de este año, no sólo afectan a los camioneros y a las empresas de transporte, sino a todos los colombianos, al encarecer el precio de los productos que se transportan, cuando aún intentamos con mucho sacrificio recuperarnos de los efectos que la Covid-19 produjo sobre la economía nacional”, agregó la presidente de Colfecar.