Un acto a última hora de la magistrada Nelly Villamizar de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinó establecer una medida cautelar de urgencia que aplaza las manifestaciones previstas para este miércoles, como para el 1 de mayo, hasta que se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance una inmunidad de rebaño con la vacunación.

Tomando como base dos fallos emitidos por la Sección Cuarta del mencionado tribunal por una tutela interpuesta por dos ciudadanos para proteger su derecho a la vida, la salud, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente, al igual que el  Decreto Ley 2591 de 1991, la Corporación profirió, de manera oficiosa, la mencionada medida cautelar “que deja sin efecto los permisos concedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá como los demás alcaldes locales de todos los municipios de Colombia para llevar a cabo las manifestaciones de protesta”.

El fallo ordena al Presidente de la República, al Ministro de Salud, a los gobernadores departamentales y a los alcaldes de las distintas ciudades informar de manera inmediata respecto a esta decisión "para que los manifestantes se abstengan" de protestar en las calles.

Según el Tribunal, esta medida cautelar "no constituye una limitación ni restricciones" al derecho a la movilización y la protesta pacífica, sino se emite para "impedir la agravación del daño por expansión de la pandemia".

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Alternativas

Por esa razón, les pide a las organizaciones convocantes a la marcha que usen tecnologías para protestar de forma virtual: "De la misma manera, las autoridades públicas involucradas deberán programar las diferentes reuniones virtuales para que dichos manifestantes sean oídos, mientras se supera este estado de emergencia económica, social y ecológica", dice el fallo.

El Tribunal emitió esta medida cautelar en respuesta a dos ciudadanos que interpusieron una tutela para que les ampararan los derechos "a la vida, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales".

Para tomar la decisión, el fallo cita recientes reportes de prensa que hablan del riesgo de las aglomeraciones y la situación que vive el país por el aumento de contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI): "Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades investidas (...), lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan", dice el documento.

Protección

En su fallo de 45 páginas, la magistrada Nelly Villamizar justifica su decisión de suspender las marchas programadas para "salvaguardar los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de sus familias y de los médicos que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI de los hospitales y clínicas para proteger la vida de los infectados por el referido virus”.

La providencia señala que con estas medidas no se está limitando ni restringiendo el derecho constitucional fundamental a la manifestación, "sino se está dando primacía a la salvaguarda que el juez constitucional de tutela debe dar a todos aquellos derechos fundamentales en peligro inminente de ser violados aun cuando por las manifestaciones y el ejercicio de otros derechos fundamentales".

Según la magistrada que tomó la decisión, la medida cautelar es también para buscar garantizar la suficiencia de atención hospitalaria en UCI que, según se ha reportado, está colapsada en varias regiones del país.

"Es una verdad que brilla al ojo que el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades (...) en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria, lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan", continúa diciendo la decisión.

Añade que esas manifestaciones en estos momentos provocarán la toma de medidas de confinamiento a mediano y largo plazo mientras se pueda llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño, con vacunas a más del 70 por ciento de la población, "lo que, de contera, conducirá a la quiebra de más empresas y cierre de establecimientos de comercio y la pérdida de empleos".

Por otro lado, en este auto también se abrió un trámite de incidente de cumplimiento vinculando al presidente Iván Duque; al Ministro de Defensa, Diego Molano; al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para establecer si cumplieron o desacataron las órdenes del fallo de tutela de octubre del año pasado.

Los sindicatos

Ante esta determinación, anoche en una rueda de prensa, el presidente de la CGT, Percy Oyola, dijo que “a las 9 de la mañana estaremos en el punto de inicio: el Parque Nacional de Bogotá”.

El presidente de la CTC, Miguel Morantes, manifestó que la gente va a salir con toda responsabilidad, con todos los protocolos de seguridad, que todo marche bien y la protesta debe ser contundente”.

Por su parte, el presidente de Fecode, William Velandia, dijo que “hoy la responsabilidad del país es fuerte, la actitud de este gobierno no nos deja otra opción, vamos a marchar a pesar de todas las oposiciones”.

Notificación al país

A su vez el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló en un comunicado que “en cumplimiento del auto del 27 de abril proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en especial en cumplimiento al numeral tercero en donde se ordena al Gobierno Nacional, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a los alcaldes de las ciudades y a los gobernadores de los departamentos de manera inmediata la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expeditos con el fin de que los manifestantes se abstengan de realizar el día miércoles 28 de abril como el 1 de mayo manifestaciones públicas".

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El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que “queremos informar a todos los colombianos que nuestra fuerza pública: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea mantienen todos los dispositivos que han sido planeados y los servicios de seguridad y vigilancia en todos los rincones del país con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos”.

Con anterioridad diversos sectores habían manifestado su oposición a las manifestaciones. La Conferencia Episcopal Colombiana, dijo que “no comparten la idea de salir a las calles porque creen que esto podría perjudicar el sistema de salud. También la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado “a todos los mandatarios del país a reforzar las medidas que se vienen tomando para proteger la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos”. En este mismo sentido, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, unió su voz a la de las instancias médicas y científicas en la alerta de los riesgos de convocar a movilizaciones en medio de la contingencia.

Acatamiento en Bogotá

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Bello, acató el fallo del Tribunal y en un comunicado dijo:

"En cumplimiento del fallo proferido por la magistrada Nelly Villamizar, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha procedido con la publicación del fallo en distintos portales de la Alcaldía y la comunicación a las organizaciones convocantes de 56 plantones y marchas en la ciudad de Bogotá el día de mañana.

De igual manera, es importante aclarar que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en virtud de distintas sentencias constitucionales, no otorga permisos para realizar jornadas de protesta. Sin embargo, en virtud y en cumplimiento del fallo, la solicitud realizada por el comando unitario de trabajadores y las distintas unidades obreras para un permiso de una tarima y de sonido en la Plaza de Bolívar el día miércoles será negada en cumplimiento del fallo.

Por último, quisiera informar a la ciudadanía que como ocurre en caso de presentarse cualquier tipo de convocatoria o plantón, y de presentarse cualquier tipo de alteración del orden público, se implementará el protocolo de diálogo y de protesta social que viene funcionando en la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el inicio de esta administración".