* Ya hay dos paros convocados para este mes

* Fondo de Estabilización de Precios, prioridad

 

Complicada, por decir lo menos, es la coyuntura del sector cafetero, del cual dependen más de 552 mil familias en todo el país, continúa siendo una de las principales fuentes de divisas y es motor de la economía real en muchas regiones.

De un lado, la institucionalidad del gremio está en peligro por cuenta de los reiterados intentos del Gobierno por desconocer la legitimidad, rol estratégico, capacidad de convocatoria, competencias y vocería de la Federación Nacional de Cafeteros. Prueba de ello es una confusa e inédita ‘asamblea nacional cafetera’ que busca realizar entre hoy y mañana en Bogotá, a la cual convocó las que denomina ‘bases’ de los cultivadores.

La cita resulta tan peregrina y gaseosa que varias de las principales asociaciones de la caficultura ya alertaron que no asistirán, esto bajo la tesis de que es evidente que el Ejecutivo quiere debilitar a la Federación en pos de tener un manejo directo, discrecional e incluso caprichoso del cultivo, cosecha, recursos parafiscales, exportación y direccionamiento de los dineros del café. Incluso, algunos voceros de comités y “dignidades” cafeteras advierten una actitud velada de “estatización” de esta actividad agroindustrial.

Por otra parte, se tiene previsto que esta semana se reúnan el Gobierno con los delegados de la Federación para un asunto crucial: definir la activación del Fondo de Estabilización de Precios del Café (creado en 2019), cuyas reservas hoy están por encima de los 365 mil millones de pesos. Como es apenas obvio, este es un tema que interesa a toda la cadena de valor del grano, pero sobre todo al campesino, en cuanto abriría paso a un precio de sustentación. Hoy, es innegable, hay una crisis de rentabilidad en el sector y muchos cultivadores trabajan a pérdida.

Es claro que el sector atraviesa difíciles retos, especialmente por el impacto del fenómeno del Niño, la tendencia de la cotización del producto en los mercados internacionales (1,97 dólares la libra en la Bolsa de Nueva York), la revaluación del peso frente al dólar en el último año, la caída en el precio interno de la carga de 125 kilos (hoy está en $1.477.000), el alto costo de los agroinsumos (aunque ya bajaron frente a la disparada de los últimos dos años), el volumen de la producción (11,3 millones de sacos en 2023, luego de tres años cayendo) y otras contingencias relacionadas con la escasez de mano de obra, el rendimiento de las cosechas y el aumento de la morosidad financiera de los cultivadores, entre otros.

De hecho, para este mes hay dos paros programados. De un lado, liderado por asociaciones antioqueñas, se anunció una movilización de los caficultores para el próximo 17 de abril. Según los organizadores el objetivo es exigir del Gobierno que, en lugar de estar atacando a la Federación y sus directivas, que fueron elegidas con toda la transparencia y reglamentación del caso, cumpla con las promesas que tanto el presidente de la República como varios ministros hicieron en cuanto a alivios crediticios, aumento del precio interno, mayores apoyos financieros para enfrentar el fenómeno del Niño, seguros de cosecha y abaratamiento de insumos.

Una organización más pequeña, que tiene como base el Eje Cafetero, también busca organizar un paro para el 28 de abril, promoviendo un pliego de peticiones similar, tanto para el Gobierno como la Federación. Entre sus principales exigencias están, por ejemplo, apoyos financieros más concretos, ajustes en materia arancelaria al grano importado y, sobre todo, una reforma a los factores de rendimiento para la fijación del precio de la carga a nivel interno.

Aunque la Federación, que está en un proceso de reestructuración y eficiencia de gasto, ha tratado de tender puentes de entendimiento con estos sectores inconformes, lo cierto es que los dos llamados a paro se mantienen por el momento.

Para algunos expertos todo este escenario crítico a lo único que está llevando es a que la problemática general de la caficultura en Colombia no se esté abordando como debe ser. Mientras el Gobierno insista en debilitar o desplazar a la Federación será imposible que se adopten las políticas estructurales que se requieren en materia de cultivo, comercialización, apertura y desarrollo de mercados, valores agregados al producto, productividad, apoyo financiero y rentabilidad sectorial.

Se requiere volver por los fueros de la confluencia de esfuerzos y políticas entre el Ejecutivo y la institucionalidad cafetera. Por décadas esta fórmula ha permitido mantener a flote este rubro vital de la economía colombiana. Desconocer esa realidad, a los únicos que afectará es a las más de 552 mil familias que dependen del grano, el primer producto de exportación no minero-energético del país.