La ofensiva que están llevando a cabo las Fuerzas Militares contra las facciones de las disidencias de las Farc, también llamadas ‘Estado Mayor Central’ (EMC), tanto en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, en donde está suspendido el cese el fuego con ese grupo ilegal, como en otras regiones en donde se han generado choques incidentales en terreno con la Fuerza Pública, ha tenido muy buen recibo por parte de todos los colombianos.

Resulta evidente que las disidencias son hoy por hoy la facción subversiva que más está afectando a la población civil a lo largo y ancho del territorio.

Tanto los anteriores gobernadores y alcaldes como los actuales han denunciado de forma reiterada que este grupo armado ilegal está aprovechando la tregua para expandirse y fortalecer no solo el control de enclaves de narcotráfico y minería criminal, sino también para reclutar forzosamente menores de edad, imponer mecanismos de ‘control y conducta’ a la población civil e incluso extorsionar a gran escala.

De hecho, el propio Ministro de Defensa admitió esta semana que las disidencias sí se están expandiendo pese a la vigencia de cese el fuego.

No en vano una de las principales polémicas en la semana que termina se refiere precisamente a la actitud desafiante del EMC al anunciar la creación de un "bloque central" que delinquiría en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío.

Se trata de un hecho de suprema gravedad que no solo confirma que ese grupo armado mantiene una tendencia belicista muy marcada, sino que, además, anuncia públicamente que ampliará sus operaciones delictivas a departamentos que ya de por sí hoy están muy afectados por el accionar violento tanto de este grupo como de la guerrilla del Eln y otras bandas criminales de amplio espectro, tipo ‘Clan del Golfo’.

La respuesta del Alto Comisionado de Paz en torno a que la creación de ese "bloque central" por parte de las disidencias podría deberse a una reorganización interna de cara al proceso de paz, no solo generó una amplia controversia en muchos sectores del país sino que, incluso, llegó a ser calificada de ingenua por muchos expertos en temas bélicos y de procesos de negociación.

Es imperativo que la opinión pública vea a sus Fuerzas Militares y de Policía ejerciendo de manera frontal y decidida su misión de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. No se puede permitir que los vacíos en la política de “paz total” que adelanta el gobierno Petro continúen aumentando los índices de victimización de la población civil en muchas regiones.