* El legado del padre Vitoria

* No se trata de imitar al cornudo

Las grandes crisis en los Estados se presentan, en nuestro caso, por la segregación de Panamá a principios del siglo XX, lo mismo que por el fallo injusto de la CIJ de La Haya del 19 de noviembre de 2012 sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que segregó dos cayos nuestros  para romper la unidad y desconocer nuestros derechos marítimos, al crear artificialmente enclaves para favorecer la expansión de Nicaragua en el mar, sin importar que ese país no había tenido ni en los tiempos del Imperio Español ni de la República, salida al Atlántico hasta que Colombia le regala a cambio de nada nuestras costas en esa zona en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Así como hizo caso omiso de nuestra soberanía y dominio  tradicional en la región, pese a que el presidente del Tribunal, Peter Tomka, reconoce en el fallo que: Colombia, a diferencia de Nicaragua, ha ejercido soberanía administrativa, jurídica y política sobre los territorios marítimos en disputa. Razón por la que  determinó que el país  tiene soberanía sobre los siete cayos del archipiélago, lo que hace aún más ininteligible que la negara en los otros dos, dando lugar a un trastorno total y la injusticia y afrenta que afecta radicalmente la soberanía colombiana. Antecedente importante que debió ser tenido en cuenta por la CIJ, puesto que al desconocer este hecho histórico, no solamente se contradijo, sino se extralimitó en sus funciones creando un funesto precedente que afecta el respeto universal por los tratados, particularmente aquellos que se pactaron antes de la existencia de ese Tribunal, puesto que por esa vía de la doctrina funesta se pueden provocar grandes trastornos internacionales en  el futuro. Como lo hemos expresado en varias ocasiones, no solamente respetamos y defendemos la soberanía nacional, lo mismo que la vigencia del derecho, sino que somos campeones de la justicia. Por lo mismo es un deber en nombre de la defensa del derecho y la justicia, dar a conocer y denunciar  frente a la sociedad y la comunidad internacional las gravísimas consecuencias  para nosotros y para el orden mundial, de desconocer en un fallo ominoso los tratados y nuestras fronteras históricas. Nosotros aprendimos en las antiguas y sabias doctrinas del padre Vitoria, creador del Derecho de Gentes, que el derecho no es letra muerta y que se debe sacrificar todo por la defensa de lo justo, mucho más cuando se trata del derecho de los colombianos que habitan en la zona del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Las doctrinas de Vitoria se enseñaban en el siglo XVI en la Universidad de Salamanca, varios siglos antes que existiese la ONU y la CIJ. Y esas mismas doctrinas se conocieron en ese siglo en Santa Fe de Bogotá. Esos principios nobilísimos  del derecho de la doctrina de Vitoria se aplican a la defensa de nuestra soberanía y nuestras fronteras terrestres y marítimas. Colombia es un pueblo civilizado, respetuoso de las normas y los tratados internacionales, por esa misma razón debe exigir el mismo respeto. Hace más de 400 años se expresó el padre Vitoria así: “El derecho de gentes no sólo tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene por sí mismo fuerza de ley, Y es que el orbe todo, que en cierta manera forma una república, tiene poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes”. “Y en los asuntos graves, como en la inviolabilidad de los legados, ninguna nación puede darse por no obligada por el derecho de gentes, pues éste viene conferido por la autoridad de todo el orbe”. Esas razones son esenciales en el Derecho Internacional y se han violado al dejar expósitos a los isleños... El fallo de la CIJ es inaplicable, puesto que ningún Tribunal puede desconocer la soberanía de los isleños colombianos, ni su derecho a la pesca y alimentación, minorías  que por siglos han estado asentadas pacíficamente en el Archipiélago de San Andrés. Le corresponde a Colombia, como lo hizo en otro campo Gandhi, defender nuestros derechos y soberanía. No se trata de caer en la trampa de salir a vender el sofá como lo hizo un conocido cornudo bogotano en el siglo XIX, al tener noticias de los excesos lujuriosos de su mujer en uno, ni de seguir ese ejemplo al modificar los símbolos patrios. Por patrióticas y respetables que sean esas propuestas, debemos  defender  la justicia y nuestra soberanía vulnerada en el Archipiélago.  Los símbolos de la nación han sido acordados y respetados por las generaciones sucesivas y no se modifican ni alteran a capricho, puesto que atentar contra estos debilitaría aún más la noción de unidad nacional y respeto por los valores patrios.