Esta semana en la comisión Tercera de la Cámara de Representantes se discutirá el proyecto de ley por medio del cual el impuesto de industria y comercio por la explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos y minerales es compatible con el pago de regalías por asignaciones directas que reciben los municipios productores, entre los cuales se han escuchado voces a favor y en contra.

La representante de Bogotá, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, justifica este proyecto porque, en su opinión, “la explotación de recursos naturales no renovables de petróleo, gas y minerales ha impedido a estos municipios atender la prestación eficiente de los servicios públicos básicos y domiciliarios, ante el deterioro de las fuentes hídricas por la extracción de hidrocarburos, y también el aumento exponencial de la población que llega en busca de oportunidades de trabajo, sin contar el ente territorial con la infraestructura necesaria para ampliar cobertura en la prestación de todos los servicios públicos”.

“El 20% del total de los recursos generados por mayor recaudo se destinarán a mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se exploren y exploten recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Este porcentaje se distribuirá entre las entidades beneficiarias en la misma proporción que se distribuyen los recursos por concepto de Asignaciones Directas; un 10% para los municipios más pobres del país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población; un 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación; un 5% para proyectos de emprendimiento y generación de empleo que permita de manera progresiva la ocupación de la mano de obra local en actividades económicas diferentes a la explotación de recursos naturales no renovables; y el 45% restante se destinará para el ahorro y estabilización de los departamentos, municipios y distritos”, explicó.

Ante esta posibilidad, el representante de Norte de Santander, Juan Pablo Celis, solicitará ponencia negativa porque dicha problemática pretende ser atendida con la imposición de la obligación legal de presentar declaración del Impuesto de Industria y Comercio, y este proyecto puede afectar el equilibrio entre las prestaciones a cargo del contratista y del Estado, generando posibles impactos negativos a los contratos suscritos y disminuyendo la atracción de la inversión para futuros contratos a suscribirse, afectando las vías de ingreso para el Estado colombiano y para el país.

“Además el Sistema General de Regalías, en particular después de la expedición, es suficientemente robusto y flexible, para canalizar los recursos derivados de la explotación del subsuelo en la atención de las necesidades básicas insatisfechas”, explicó el representante del Centro Democrático.