- Arrancan tres semanas determinantes
- ¿Pacto político para agenda de extras?
Tras uno de los más accidentados tramos de legislatura en los últimos años en Colombia hoy arrancan tres semanas definitivas para tratar de salvar la productividad del Congreso este año. No es fácil ya que el Senado y la Cámara solo pudieron empezar a trabajar el 13 de abril debido a que la emergencia sanitaria por el Covid-19 obligó a aplazar el inicio de sesiones el 16 de marzo. De hecho, si bien hace mes y medio se retomó la actividad mediante sesiones virtuales, las que han tenido muy baja eficacia, al punto que no pocos proyectos de ley y de acto legislativo definitivamente se hundieron ya porque se agotó el tiempo para tramitarlos. A todo ello hay que sumar que aunque la cámara baja comenzó hace tres semanas el trabajo semi-presencial, el Senado no ha podido hacerlo, indicando que los protocolos de bioseguridad no le han sido aprobados.
Lo cierto es que a partir de hoy sólo quedan escasas tres semanas de la legislatura y hay alertas prendidas sobre las pocas iniciativas que tienen posibilidad real de ser aprobadas antes del 20 de junio. En primer lugar, se espera que tanto la Comisión Primera como la plenaria del Senado puedan, en este apretado lapso, dar el visto bueno a la reforma constitucional que establece en Colombia la posibilidad de imponer cadena perpetua a los asesinos, violadores y secuestradores de menores de edad. Se trata del proyecto más importante de este tramo de legislatura y prueba de ello es que imponer prisión de por vida por estos delitos se ha hundido en más de vente ocasiones en Parlamento durante los últimos años. Sin embargo, en esta oportunidad podría salir adelante, ya que no solo va en sexto debate y tiene apoyo multipartidista cerrado sino que, además, el Consejo Superior de Política Criminal ya le dio su respectivo aval. Y, como si lo anterior fuera poco, el Gobierno también está respaldando una de las reformas penales más trascendentales de este siglo.
Otro proyecto que tiene gran expectativa en la opinión pública es el que establece un nuevo alivio para las personas que están reportadas en las centrales de riesgo crediticio por haber entrado en mora en el pago de sus respectivas obligaciones financieras y comerciales. El ‘borrón y cuenta nueva’ ya fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara y solo le resta la instancia de conciliación debido a las diferencias en el articulado. Obviamente en medio de la emergencia sanitaria y las dificultades que han tenido muchas personas para cancelar sus deudas, esta reforma ha generado mucha expectativa a nivel nacional.
Si bien hay otras iniciativas que siguen en turno tanto en comisiones como en plenarias, la posibilidad de que sean aprobadas o que avancen lo suficiente para quedar en curso para la próxima legislatura es cada día más difícil. Además de lo anterior, se está pendiente del control político que debe hacer el Congreso a las declaratorias de Emergencia Económica y Social a las que ha acudido el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. No solo debe certificar la pertinencia de estas medidas excepcionales, sino analizar cuáles de los más de 100 decretos dictados a su amparo pueden convertirse en legislación permanente de cara a lo que falta de la crisis sanitaria y el aún más complejo proceso de reactivación productiva, social e institucional pospandemia.
Pero no sólo se trata de definir qué se puede salvar de esta agónica legislatura, sino que también es urgente que las directivas parlamentarias, las bancadas y el propio Gobierno puedan acordar en estas tres semanas cuál será la agenda de proyectos a discutir en las sesiones extraordinarias que se citarán, a partir del 21 de junio hasta el 19 de julio, con el fin de recuperar algo del tiempo perdido en este primer semestre. Aunque algunos congresistas han urgido la posibilidad de que se convoque un acuerdo multipartidista para señalar las prioridades de esa agenda legislativa excepcional, hasta el momento nada se ha podido concretar.
Como se ve, las próximas siete semanas son claves para retomar la productividad parlamentaria, sobre todo en momentos en que se requiere que el Congreso eleve su rol protagónico para hacer frente a la emergencia sanitaria, pues el país está a punto de entrar en la fase crítica de la pandemia y es urgente que todos los poderes públicos redoblen su dinámica institucional para ayudar al país a superar semejante desafío.