Dos meses después de que la exparlamentaria Aída Merlano protagonizara una cinematográfica fuga, la Fiscalía llamó ayer a juicio al empresario barranquillero Julio Gerlein por su presunta participación en una red de corrupción electoral en la costa norte, la cual habría quedado al descubierto el año pasado tras un allanamiento a la sede de campaña de la exrepresentante a la Cámara, que se le llamó la Casa Blanca.

Gerlein fue imputado por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y violación de los topes de campañas, tras ser uno de los mayores aportantes a la campaña de Merlano que le permitió obtener 73.000 votos para ganar una curul al actual Senado. Sin embargo, ella no alcanzó a posesionarse porque fue capturada tras el allanamiento a la Casa Blanca, en donde las autoridades encontraron cédulas, recibos de pago e incluso armas.

La Fiscalía tiene 47 cheques por más de $1.800 millones que habría girado Gerlein para la campaña de Merlano. Por ello en el escrito de acusación en su contra indicó que “existe información acerca de la fuente de los recursos, ya que los 47 cheques fueron girados por Julio Gerlein”.

Para la Fiscalía estos recursos fueron utilizados por la que llamó “organización criminal” para comprar votos en favor de Aída Merlano.

Por su parte Jaime Lombana, abogado del empresario, indicó que “Gerlein no tenía ningún rol sobre esa campaña. Los aportes entregados a Merlano no tenían fines electorales. Toda esta información será debatida en el proceso”.

En abril pasado en la audiencia de imputación de cargos Julio Gerlein se declaró inocente de los hechos materia de investigación. La audiencia preparatoria para el juicio comenzará el próximo martes.

Por estos mismos hechos la Fiscalía llamó a juicio a Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la excongresista Aída Merlano; los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora; los diputados Margarita Balén y Jorge Rangel; los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Támara; y la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás.

La semana anterior fueron condenados por estos hechos Edwin Martínez Salas, Jefferson Viloria Miles y Evelyn Díaz por estar involucrados en la red de compra de votos en la costa norte.

En esa oportunidad el juez Jhon Rico Castro dijo que la Casa Blanca era “una sede donde operaba la gerencia, un área de recursos humanos, un departamento administrativo, un área de sistemas y un área de vigilancia y seguridad… esta era una empresa criminal con todas las de la ley”.

Añadió que “coordinadores se denominaba a todo ese grupo de dirigentes políticos que direccionaban a los líderes que en cantidad de 2.323 personas tenían la misión de atraer los votos a la campaña”.

Indicó que el modus operandi de esta empresa criminal para la compra de votos era que “el precio del voto era generalmente $50.000 y se pagaba en dos cuotas: una de $15.000 donde se expedía una contraseña, un formato de un corazón que se pagaba con la zonificación, y el excedente se pagaba después de votar y se daba otra contraseña que expedían las casas de apoyo”.

Aída Merlano está condenada a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas. Sin embargo como se dijo, se fugó saltando desde la ventana de un consultorio, a donde fue llevada desde la cárcel el Buen Pastor para hacerse un diseño de sonrisa.