LOS CHILENOS negaron en un plebiscito la propuesta de Constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.

Escrutado el 99% de las mesas, la opción “en contra” al cambio constitucional se impuso por un 55,75% de los votos, mientras que el “a favor” obtuvo el 44,25%, de acuerdo a los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel).

Cuatro años después de que se iniciara el proceso de reforma constitucional, como respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron en 2019 y transcurrido dos procesos constitucionales, uno dominado por la izquierda y el otro por la ultraderecha, el país vuelve al punto de origen.

Chile se mantendrá bajo la Constitución que redactó la dictadura de Pinochet, reformada varias veces en democracia.

El presidente Gabriel Boric cerró las puertas a otra constituyente.

“Con esto, durante este mandato, se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras”, afirmó el mandatario izquierdista, en un discurso en el palacio presidencial de La Moneda.

Poco interés

“Nuestro país seguirá con la Constitución vigente, porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad”, agregó el mandatario, que apoyó la primera propuesta levantada por la izquierda y se mantuvo neutral en el segundo proceso.

En una votación que despertó poco interés, pero en la que hubo 83% de participación al ser voto obligatorio, los resultados apenas fueron celebrados por la ciudadanía.

Un pequeño grupo de manifestantes de ultraderecha contrarios a la nueva propuesta, celebraron con marchas militares frente al palacio de Gobierno la mantención de la Constitución de Pinochet.

La propuesta rechazada fue elaborada por un consejo dominado por el Partido Republicano, y era todavía más conservador que la Carta Magna heredada de la dictadura.

Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y daba pie a revisar el derecho al aborto en tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre).

Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estuvieran en situación irregular.

“Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta era una mejor Constitución que la vigente y que era el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica y social y cerrar el proceso constitucional”, dijo José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y excandidato presidencial derrotado por Boric en diciembre de 2021.

“No hay nada que celebrar. Y no solo nosotros no podemos celebrar, sino que el Gobierno y la izquierda tampoco pueden celebrar porque el daño que ha sufrido Chile en los últimos cuatro años es gigantesco y costará muchas décadas repararlo”, agregó.

Tras el fallido referéndum de septiembre de 2022, cuando la población rechazó de forma contundente −con casi un 61,9% de los votos− la propuesta planteada por una Convención Constitucional de marcado carácter progresista (izquierdista), los chilenos votaron de nuevo una propuesta a cargo del mencionado consejo que, como se sabe, tuvo mayoría de convencionistas de derecha liderados por los seguidores del excandidato presidencial José A. Kast.

Otro Chile

La votación de ayer se realizó sin mayores inconvenientes, pero lejos de la efervescencia con la que se inició el proceso hace cuatro años, por el hartazgo de la población frente a dos instancias en que la clase política no pudo ponerse de acuerdo en un texto de mayoría.

“Hay poco ánimo, ya que es un proceso desgastante”, dijo a la AFP Nicolás Mora, un informático de 29 años tras emitir su voto en Santiago.

El aumento de los delitos violentos −que los chilenos asocian a la llegada de migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos− y una economía que no despega tras un fuerte ajuste destinado a contener la inflación, concentran ahora la atención de la población.

Cuatro años después de salir a las calles para reclamar mayor justicia social, los habitantes ahora quieren más policías, orden y seguridad.

“Es otro Chile. El país ha cambiado de manera dramática (...), y de cierta forma se ha vuelto un país más latinoamericano. Los chilenos se consideraron siempre como una excepción, un país más europeo y no como sus vecinos, y ahora se parecen un poco más a ellos”, dijo Michael Shifter, expresidente del centro de Estudios Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown.

Aunque reformada varias veces, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y la escasa protección que establece de derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación.

Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de izquierda llamaron a votar “en contra”.

“Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo”, dijo este domingo la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 / 2014-2018).

Seguridad

El texto sometido a consideración ciudadana disminuye el peso del Estado y según la oposición izquierdista modificaba algunos derechos, como el aborto terapéutico, así como endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.

Sin embargo, ello no es nuevo ni motivo de preocupación porque el propio Boric ha emprendido una política de mano dura contra los ‘irregulares’ y amén de endurecer los controles fronterizos inició desde hace meses una campaña masiva de deportación.

Solo para tener una idea, Chile expulsó este 2 de diciembre a 22 colombianos, cinco ecuatorianos y dos dominicanos acusados de diversos delitos e ingreso ilegal, quienes fueron transportados en un avión de la Fuerza Aérea hacia Bogotá, Guayaquil y Santo Domingo.

Entre los 29 expulsados, 19 cometieron delitos como robo y porte ilegal de armas, entre otros, mientras que los 10 restantes habían ingresado de manera irregular al territorio chileno, señaló un comunicado del Servicio Nacional de Migraciones.

En lo que va del año Chile expulsó a 821 extranjeros, de los cuales 556 por casos judiciales vinculados a la seguridad pública.

El gobierno Boric mantuvo una posición neutral frente a este proceso constitucional, el segundo en los últimos dos años para reformar la carta magna de la dictadura (1973-1990).

Migrantes

Desde 2017, Chile registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de Venezuela, miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que llegaron a Chile en los últimos años casi la mitad son venezolanos.

“Estamos trabajando arduamente para que las expulsiones administrativas y judiciales de las personas que han cometido delitos en nuestro país o que han infringido normativa migratoria se realicen de acuerdo a la normativa vigente y de forma expedita”, dijo el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, citado en el comunicado.

Según el funcionario, más de 130.000 personas se empadronaron ante las autoridades para regularizar su situación en el marco de un plan para subsanar el déficit de información respecto de la identidad de extranjeros que ingresaron irregularmente en los últimos cinco años, en su gran mayoría provenientes de Venezuela.

Cuatro años después de salir a las calles para reclamar mayor justicia social, los habitantes ahora quieren más policías, orden y seguridad.