Ante la presión de los indígenas, el gobierno tuvo que echar para atrás el incremento en la gasolina. 

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Ecuador alcanzó un acuerdo para detener su peor crisis en décadas y desde este lunes enfrenta la tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de furia en Quito contra medidas de austeridad: millonarias pérdidas, siete muertos y centenares de heridos y detenidos.

La capital fue escenario de violentas protestas disparadas por la eliminación de subsidios a los combustibles, que finalizaron el domingo con un compromiso entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena que lideró las manifestaciones. La negociación fue cara a cara, con mediación de la ONU y la Iglesia Católica.

La radical protesta indígena generó “una fractura que será muy difícil de recuperar”, dijo a la AFP Pablo Romero, experto indigenista de la Universidad Salesiana, aduciendo que alimentó “el racismo” en un país donde los aborígenes representan un 25% de los 17,3 millones de habitantes.

El Ejecutivo aceptó el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital: derogar el decreto presidencial 883 que eliminó los mencionados subsidios, pactado con el FMI.

“Felicito al pueblo ecuatoriano porque han logrado una histórica victoria contra el FMI, al conseguir la derogación del Decreto 883”, expresó en Twitter el presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por Moreno de activar junto a su antecesor y exaliado Rafael Correa un plan de desestabilización. Correa y Maduro se han burlado de estos señalamientos.

Cacería de brujas

Ese plan conspirador también salpica a allegados de Correa, como la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha (capital Quito), Paola Pabón, arrestada ayer.

Las autoridades además allanaron la casa del exasambleísta Virgilio Hernández y la diputada Gabriela Rivadeneira se refugió el sábado en la embajada de México en Quito.

Después del acuerdo, Moreno manifestó por Twitter: “¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”.

La medida económica, con la que el Estado iba a ahorrar US$1.300 millones al año, generó alzas de hasta 123% en los precios del diésel y la gasolina en el petrolero Ecuador, que afronta una gran iliquidez.

Moreno aclaró por Twitter que se “sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”.

Los aborígenes, que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una “simbólica” victoria, estimó Romero.

Pero también se perdió mucho. “El gobierno, porque se lograron ver todas sus debilidades; la Conaie, por la división interna en su cúpula; y el país, por todo lo que significó esta protesta, en particular en Quito, porque nos toca rearmar nuevamente la ciudad”, añadió.

Los alrededores de la casa presidencial, que desde hace una semana está desocupada al trasladar Moreno la sede de gobierno a Guayaquil (suroeste), fueron campo de duras batallas donde se sembró la destrucción. Asimismo las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Ni el estado de excepción por 30 días pudo frenar a los manifestantes, que ocuparon por un momento el hemiciclo del resguardado Congreso, incendiaron el edificio de la Contraloría y atacaron medios de comunicación.

Compromisos con el FMI

Tras celebrar su triunfo, los nativos regresaban a sus comunidades del interior en medio del toque de queda y militarización también impuesto desde el sábado para la capital.

Casi dos semanas duró la eliminación de subsidios a combustibles pactados con el FMI, que permite a Ecuador acceder a créditos por US$4.200 millones para aliviar el déficit fiscal.

El nuevo decreto sobre subsidios, que es negociado entre el Ejecutivo y la Conaie, significará que el “ahorro no será tan grande como el que se esperaba” dentro de ajustes para tratar de evitar un déficit de unos 5.600 millones de dólares en 2019, señaló a la AFP el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Sectores sociales también se oponen a reformas laborales como la disminución de las vacaciones de los empleados públicos (de 30 a 15 días).

“Ecuador tiene que cumplir los compromisos con el FMI porque nadie le va a prestar si es que quiere seguir gastando y quiere seguir viviendo de la deuda, que fue la estrategia que se aplicó desde 2014”, añadió Acosta Burneo, de la consultora Grupo Spurrier.

Las protestas incluyeron incursiones en instalaciones petroleras en la Amazonia, que derivaron en una caída de la producción y la suspensión del bombeo por el ducto estatal, con capacidad para evacuar hasta el Pacífico un 68% de los 531.000 barriles diarios que se extraían.

Los indígenas son el sector más castigado por la pobreza. Con el alza de combustibles, debían pagar más para transportar sus productos del campo, al tiempo que temían una inflación generalizada.

De otra parte, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, destacó "el poder del diálogo pacífico" tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena.

"El acuerdo alcanzado entre el gobierno de Ecuador y los movimientos sociales indígenas - respaldado por la ONU y por la Iglesia Católica - muestra el poder del diálogo pacífico", dijo en Twitter el diplomático estadounidense.

Kozak agregó que el acuerdo va a ayudar a devolver la estabilidad al país y la prosperidad a su gente.

Las protestas comenzaron el 2 de octubre tras la eliminación de subsidios a los combustibles. Durante las manifestaciones Moreno decretó el estado de excepción y trasladó al gobierno fuera de la capital.

El viernes pasado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó el apoyo de Estados Unidos a Moreno y dijo las medidas decretadas eran "necesarias".