Los tailandeses votaron ayer en las primeras elecciones locales del país desde el golpe de Estado llevado a cabo en 2014 y los primeros comicios desde las polémicas elecciones generales del año pasado, origen de meses de protestas entre acusaciones de manipulación contra los resultados y que se han repetido desde el pasado verano, esta vez a favor de un ambiente de regeneración nacional, y abanderadas por la población juvenil.

Estos comicios se caracterizan por el hecho de que un candidato puede ser presentado por un partido político, pero los partidos, los parlamentarios y los senadores no pueden hacer campaña en su nombre. Como explica el 'Bangkok Post', el Palang Pracharath no ha presentado a nadie bajo su bandera, pero varios candidatos conocidos por su afinidad al partido se postulan de forma independiente o bajo otros grupos.

En la campaña actual, solo el Movimiento Progresista, liderado por el exdiputado y destacado activista Thanathorn Thanathorn Juangroongruangkit, ha hecho campaña por los candidatos ya que técnicamente no es un partido político.

Aunque los votantes han estado esperando seis años para votar, se proyecta que la participación será baja porque la fecha de las elecciones está muy cerca de las vacaciones de fin de año. La Comisión Electoral espera una participación del 75%.

Queda por ver el impacto de las protestas en los comicios y la respuesta de la población juvenil, abanderada de las marchas. Los jóvenes activistas, además de un cambio de Gobierno y aumentar los mecanismos de control sobre la monarquía, piden una reforma constitucional.

En este sentido, Naciones Unidas pidió a las autoridades tailandesas que dejen de recurrir al delito de lesa majestad para imputar a los manifestantes que llevan semanas protestando por la regeneración política en el país, tanto por la dura pena de cárcel que conlleva como por la propia encarcelación en sí, en especial cuando amenaza a un menor de edad, como ha ocurrido en los últimos días.

El delito de lesa majestad, que implica sentencias de entre tres y 15 años de cárcel por difamar o amenazar a la Familia Real, ha sido el argumento esgrimido por las autoridades contra al menos 35 detenidos, entre ellos un estudiante de 16 años sobre el que llegó a pesar una solicitud para que fuera imputado. Un tribunal acabó ignorando la petición de la Policía y finalmente le concedió la libertad condicional bajo fianza.

El Comité para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lleva meses pidiendo a Tailandia que adapte el delito de lesa majestad a los estándares internacionales, en especial al Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.