Tal vez lo más relevante de todo lo que expuso esta semana la Fiscalía del acervo probatorio en la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), es que dio más detalles de la supuesta participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y reveló también la presunta intervención de César Manrique, actual director de Función Pública.

De esta forma crece la presión de la investigación a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno que presuntamente ordenaron entregar fuertes sumas de dinero y contratos a congresistas para la aprobación de las reformas.

Otra cosa fundamental que dijo la Fiscalía en esta audiencia, en boca de la fiscal delegada María Cristina Patiño, es que “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública”. 

Esto ya lo había señalado la Fiscalía en la audiencia del 25 de julio en que imputó a Sneyder Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis López por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por los sobrecostos y otras irregularidades en la millonaria contratación, entre los últimos meses del 2023 y primeros de 2024, con el propósito de llevar agua a La Guajira por los efectos del fenómeno de El Niño.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente exdirector y exsubdirector de la Ungrd, quienes figuran hasta el momento como los principales responsables de este entramado de corrupción, han declarado a la Fiscalía, en el marco de la colaboración que tienen con la justicia buscando un acuerdo de oportunidad que les signifique algunos beneficios penales, que de la millonaria contratación para llevar agua a La Guajira se sacaron recursos para entregar a varios congresistas.

El exdirector y el exsubdirector de la Ungrd han entregado a la Fiscalía nombres y un voluminoso paquete de información con documentos, grabaciones de audio y conversaciones de whatsapp en que se comprobaría la participación de algunos ministros y altos funcionarios en los hechos de corrupción.

Olmedo López asegura que en una reunión, que él califica de “cónclave”, el pasado 27 de noviembre en la oficina del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), algunos ministros y altos funcionarios le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a por lo menos 15 congresistas.

Aunque el exfuncionario considera que “el presidente no sabía, el presidente creo que en la medida en que han transcurrido los días recientes viene conociendo parte de la verdad y creo que es uno de los grandes sorprendidos”.

Mientras que Sneyder Pinilla sostuvo que en el contrato por $46.800 millones para comprar 40 carrotanques con el propósito de acarrear agua a La Guajira, el contratista que se quedó con el negocio prestó $4.000 millones. De los cuales, según este exfuncionario, se entregaron $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Como consecuencia, la Fiscalía el pasado 18 de julio abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, quien renunció al cargo en los días siguientes; al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

¿Se enreda más el Gobierno?

El presidente Petro ha sido enfático en que su gobierno no compra congresistas y dice que Pinilla y López buscan con estas afirmaciones, que sostiene son mentirosas, lograr una pena corta para después salir a disfrutar el dinero que asegura se robaron.

Asimismo, el ministro Bonilla, el exministro Velasco, el director de la Función Pública, César Manrique; el exdirector de la Dirección de Inteligencia, Carlos González, y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, sostienen que no han incurrido en irregularidades y que López y Pinilla mienten.

Es más, el jefe de Estado defendió al ministro de Hacienda tras los señalamientos de que supuestamente direccionó tres contratos para que congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobaran el cupo de endeudamiento que solicitó el Gobierno para atender las obligaciones con deuda externa. 

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), sino  que intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, dijo Petro de Bonilla.

Sin embargo, para la Fiscalía sería claro que el ministro tuvo que ver en este escándalo y, como se dijo, dio más detalles al respecto esta semana en la audiencia de medida de aseguramiento contra López y Pinilla.

La fiscal Patiño dijo que  Olmedo López “ordenó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del Ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Carmen de Bolívar, Bolívar, en concreto en el corregimiento de El Salado, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara, de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso”.

En tanto que en una grabación que reprodujo la Fiscalía en la audiencia se escucha a Olmedo López decir “como fue el entramado que se construyó con el director de la Función Pública, César Manrique, con los subdirectores de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla y el subdirector de conocimiento, Luis Carlos Barreto”.

Agregó la Fiscalía que “Sneyder y Olmedo se interesaron en los recursos reducidos de la ANT (Agencia Nacional de Tierras), los direccionaron a Luis Carlos Barreto, quien en compañía de César Manrique Soacha conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7 % del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita".

La fiscal Patiño señaló también que “entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones a Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de $10 mil millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3 mil millones en efectivo para Name Vásquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.

Sobre esto último, Pinilla acudió el pasado viernes a la Corte Suprema a declarar en la investigación que se adelanta contra el senador Name y el representante Calle Aguas.

Impacto en el Congreso

El escándalo de corrupción en la Ungrd pone un manto de duda sobre si tendrá algún efecto en la discusión del paquete de proyectos que anunció el Gobierno. Se han escuchado voces de parlamentarios que dicen que el ministro Bonilla no debería tramitar la reforma tributaria que anunció ni el Presupuesto General de la Nación para 2025, por los señalamientos en su contra.

La representante Jénnifer Pedraza dijo que “cuando acaba de ser señalado por la Fiscalía por presuntamente haber hecho parte de esta red de corrupción, desde mi perspectiva, no hay nada que justifique que el presidente Gustavo Petro siga defendiendo y atornillando en su cargo al ministro Ricardo Bonilla”.

En tanto que el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, anunció hace unos días que “he citado a un debate de control político al minhacienda, Ricardo Bonilla, para que le dé la cara al país y aclare su vinculación con la corrupción de la Ungrd y el pésimo manejo de las finanzas. Es hora de que Petro y sus ministros se hagan cargo de sus actos y asuman su responsabilidad. No más carreta y hacerse los locos con tan graves situaciones que estamos padeciendo”.