SORPRENDENTES Y nuevas revelaciones hizo la Fiscalía en la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esta entidad. Cómo es que la empresa criminal que se conformó no ha sido completamente desmantelada. A continuación, algunos de los principales elementos que hacen parte del acervo probatorio.
Los dos exfuncionarios en su declaración a la Fiscalía, en el marco de la colaboración que tienen con la justicia buscando un acuerdo de oportunidad que le signifique algunos beneficios penales, sostienen que, de la millonaria contratación para llevar agua a La Guajira en el pasado fenómeno del Niño, se sacaron recursos para entregar a varios congresistas, supuestamente, para que favorecieran la aprobación de las reformas del Gobierno.
Olmedo López asegura que, en una reunión, que él califica de “cónclave”, el pasado 27 de noviembre en la oficina del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, algunos ministros y altos funcionarios le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a por lo menos 15 congresistas.
- Se está perdiendo evidencia
La fiscal del caso María Cristina Patiño alertó porque en la investigación por este escándalo de corrupción se ha perdido evidencia. “Los elementos de prueba han sido sistemáticamente eliminados. La Contraloría ha reportado la desaparición de 69 cajas que contienen documentos esenciales para la investigación. Esta situación sugiere que existen contratistas dentro de la Ungrd que están intentando borrar las pruebas del ilícito”, explicó la operadora judicial.
- Menos plata
Sneyder Pinilla aseguró que hizo llegar por medio de la entonces consejera para los Regiones, Sandra Ortiz, $3.000 millones al por esos días presidente del Senado, Iván Name; así como el exfuncionario sostuvo que personalmente le llevó $1.000 millones a su apartamento en Montería al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Sin embargo, la fiscal delegada María Cristina Patiño reveló que inicialmente eran superiores los ofrecimientos, supuestamente, a Name y Calle. “Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones a Iván Leónidas Name Vázquez y por un poco más de $10 mil millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3 mil millones en efectivo para Name Vázquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.
- Estaba acordado
También la Fiscalía reveló que en su declaración Olmedo López aseguró que el entonces director del Dapre, Carlos González, le habría manifestado que tenía un acuerdo, presuntamente, con los presidentes del Senado y la Cámara sobre el dinero que recibirían.
López sostuvo que González le expresó que “el tema estaba tenso con el Congreso, que Name no caminaba”. Entonces, manifestó el exdirector de la Ungrd, “Carlos Ramón me dijo que había llegado a acuerdos con ellos, con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que a ambos había que cumplirles, que hay que entregarles unos contratos”.
- Consejo de ministros
La Fiscalía dio a conocer, según declaró Olmedo López, que el llamado cónclave en donde altos funcionarios del Gobierno le habrían dado a éste instrucciones para entregar dinero a congresistas, se realizó en la Casa de Nariño aprovechando un tiempo previo a un consejo de ministros que fue convocado el 27 de noviembre de 2023. Así se manifiesta en el siguiente audio:
Olmedo López: “Aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos dos horas antes, llegábamos más o menos en los tiempos con los que requería, pero siempre sabemos que empezaban después”.
Fiscalía: “¿Le dijo que se reunieran en el Palacio de Nariño?”.
Olmedo López: “No, ahí. Llego yo a Palacio y ahí nos reunimos con el doctor Carlos Ramón González en su despacho”.
Fiscalía: “¿En el Palacio de Nariño?”.
Olmedo López: “Hay una reunión que se da en el despacho del doctor, sí, él despacha en el Palacio de Nariño. El Dapre queda en el tercer piso del Palacio de Nariño”.
- Se trajo dinero de la ANT
La Fiscalía expuso un audio en el que Olmedo López da cuenta cómo inició el entramado de corrupción a partir de $100.000 millones que tenía la Ungrd en un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, pero se fraguó traer de nuevo esa plata a la primera de estas entidades para sumar al financiamiento de contratos en los que se presentaron sobrecostos y otras irregularidades para comprar 40 carrotanques, plantas desalinizadoras, tanques de almacenamientos y construir jagueyes.
Al respecto López dice en el audio de su declaración a la Fiscalía que “voy a, en este momento, a narrar cómo construimos una organización criminal dirigida a ubicar y gestar un recurso que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras por valor de 100.000 millones de pesos, y cómo fue el entramado que se construyó con el director de la Función Pública, el doctor César Manrique”.
- La empresa criminal
En la imputación que hizo la Fiscalía el pasado 25 de julio a Pinilla, Olmedo López y el contratista López, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, calificó como una empresa criminal el entramado que hubo en la Ungrd.
En la audiencia del pasado miércoles, la fiscal Patiño dio más detalles de esta estructura criminal.
“En Bogotá desde por lo menos mayo de 2023 a marzo de 2024, Olmedo López, director de la Ungrd; Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres; Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección; Luis Carlos Barreto Gantiva, de la Ungrd; y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director de Función Pública; así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd; junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, y quien por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana Roger SAS (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”.
- Las coimas del contratista
La Fiscalía entregó nueva información sobre el contrato en la Ungrd para comprar 40 carrotanques que se destinarían a llevar agua a La Guajira, así como de las coimas que habría pagado el empresario Luis López por esta y otras contrataciones en la entidad.
El ente acusador dijo que las empresas de López obtuvieron en la Ungrd contratos por $108.257.981.468 y que este contratista pagó coimas del 13% y un porcentaje adicional a Sneyder Pinilla.
La fiscal Patiño dijo que de esta contratación López Rosero se quedó con $7.821.213.723, mientras que Olmedo López con $724.000.000 y Pinilla con $342.000.000.
- No ha sido desmantelada
La fiscal delegada Patiño solicitó medida de aseguramiento para Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis López pues podrían interferir en la investigación porque “la organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad pueden estar en contacto con los otros miembros de la organización”, dijo.
Agregó que “la urgencia de la medida de aseguramiento surge de la necesidad apremiante de proteger la comunidad de los delitos imputados y evitar la manipulación u ocultamiento de las pruebas, dado su poder de influencia política y económica”.
No obstante, el juez 35 de control de garantías aplazó para el próximo 31 de agosto la audiencia en la que definirá sobre la solicitud de medida de aseguramiento para Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis López
Replica Manrique
El director de Función Pública, César Manrique, salió al paso ayer a las afirmaciones del exdirector y exsubdirector de la Ungrd vinculándolo con el escándalo de corrupción en esa última entidad.
“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dijo Manrique en un comunicado.