Ante la amenaza de un paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Militares de Colombia intensificaron su presencia en el departamento del Chocó con el despliegue de más de 5.000 uniformados. La medida busca contrarrestar las amenazas y garantizar la seguridad en la región.
De acuerdo con el comunicado oficial de las Fuerzas Militares, “como Fuerza de Tarea Conjunta Titán, mantenemos la dinámica operacional en los principales ríos y vías del Departamento del Chocó, compuestos del control terrestre, fluvial y patrullas aéreas 24-7 en todo el departamento con nuestro Ejército Nacional, la Armada de la República de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana”.
Este despliegue incluye “puestos de control terrestres, fluviales y patrullas aéreas en todo el departamento, con el fin de mantener la seguridad de los colombianos y neutralizar posibles intenciones terroristas”.
La institución subraya que “se están realizando consejos de seguridad tanto en el departamental como en los municipios de Istmina, Medio Baudó, San Juan, Sipí y Nóvita para mantener la tranquilidad de los ciudadanos y contrarrestar el actor del ELN, quien constriñe y viola los derechos de las comunidades más vulnerables del Departamento del Chocó”. Los esfuerzos buscan implementar estrategias para prevenir la generación de terror y miedo, especialmente frente a las amenazas recientes del ELN contra la población civil y la Fuerza Pública.
El anuncio del paro armado por parte del ELN, que comenzará a regir desde las 00:00 horas del 11 de agosto, surge en un contexto de creciente confrontación armada en la región. Este grupo ha instalado artefactos explosivos en vías veredales, dificultando las actividades diarias de las comunidades locales.
Las Fuerzas Militares han informado que su despliegue ha permitido “frenar el accionar de este grupo ilegal con la desactivación de más de 80 minas antipersonal y el sometimiento a la justicia de 45 de sus integrantes, quienes en su mayoría son de comunidades indígenas”. En su comunicado, también han instado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 107 y 147 o directamente a las autoridades competentes.
Las autoridades manifestaron su rechazo categórico a los actos de violencia y constricción, que “violan claramente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. El objetivo primordial de estas operaciones es restaurar la tranquilidad en el departamento y garantizar la seguridad de sus habitantes.