La desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrados por Saludcop EPS en intervención (hoy en liquidación), puede ascender a más de $150 mil millones, indican las investigaciones adelantadas por la Contraloría General.

Una imputación fiscal por $69.978 millones se suma al hallazgo fiscal por más de $80.631 millones evidenciando en la EPS Saludcoop durante el período de intervención a cargo del Agente Interventor Guillermo Grosso.

De acuerdo con el ente de control, el hallazgo citado, detectado en una indagación preliminar, se dio al haber sobrepasado el tope de los recursos destinados a Gastos de Administración, dineros que debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados.

Igualmente, la CGR adelantó otra indagación preliminar por las irregularidades en la EPS Cafesalud, durante la presidencia de Grosso Sandoval, donde se evidenciaron hallazgos por más de $2.029 millones.

“En forma oportuna, la Contraloría puso estas irregularidades, derivadas de tales indagaciones preliminares, en conocimiento del fiscal Néstor Humberto Martínez”, indicó el organismo en un comunicado.

La desviación de recursos administrados por Saludcoop EPS en intervención (hoy en liquidación), durante los años 2011, 2012 y 2013, llevó a la Contraloría a imputar responsabilidad fiscal por cuantía total de $69.978 millones a los exsuperintendentes de Salud Conrado Gómez y Gustavo Morales, así como a los agentes interventores para la época de los hechos, Guillermo Grosso, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez.

El organismo de control decretó medidas cautelares contra los presuntos responsables antes mencionados, las cuales permanecerán hasta el final del proceso.

La imputación contra los dos ex Superintendentes de Salud y los tres agentes interventores se origina en un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, donde figura como entidad afectada el Ministerio de Salud-Fosyga.

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El Auto de Imputación tiene como base la desviación de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de Saludcoop EPS en Intervención, los cuales en vez de destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados, habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el tema médico, ni con el objeto social de la EPS intervenida.

Igualmente, los recursos de la salud habrían sido utilizados para pagar créditos a largo plazo obtenidos con entidades financieras, los cuales serían transacciones no autorizadas; los gastos y/o egresos cuestionados corresponden a Patrocinios; Honorarios por conceptos de auditoría forense y asesoría técnica, Colocación del POS; Pagos por obligaciones financieras a largo plazo; Intereses sobre obligaciones financieras, de mora y sobregiros; Pago a vinculados económicos;  y Pagos por contrato de leasing.

Los $69.978 millones considerados por la Contraloría como presunto detrimento patrimonial, fueron utilizados en honorarios por asesorías jurídicas pagados a José Joaquín Bernal ($104.310.00); honorarios por asesorías jurídicas pagados a Ricardo Calvete & Abogados Asociados ($226.295.100); por asesorías jurídicas pagados a Uriel Alberto Amaya Olaya ($360.110.864); por asesorías jurídicas pagados a Vargas Abogados Cia Ltda ($258.160.000).

De la misma manera un leasing con Bancolombia ($22.580.154.724) y otro con el Banco de Occidente ($12.347.451.223); pagos a la cooperativa Epsifarma ($12.074.252.053), a la Corporación Saludcoop IPS ($20.680.409.494), por cuenta de vinculadas económicas -saldo cesantías- ($436.436.830), por cuenta de Work & Fashion -saldo otros conceptos- ($603.363.000) y por cuenta de Healthfoo -saldo otros conceptos- ($307.771.000).

Para la Contraloría, es claro que se produjo una lesión al patrimonio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por el desvío de estos recursos parafiscales puesto que, contrariando su destinación específica, fueron utilizados y aplicados por Saludcoop EPS en Intervención en conceptos totalmente ajenos al aseguramiento en salud, garantía de la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y demás funciones que concede la Ley a las EPS.

La cuantía individual imputada a Saludcoop EPS en Liquidación es de $69.978 millones y se reparte solidariamente así: se le imputa responsabilidad fiscal por $30.008 millones a Wilson Sánchez, Agente Interventor de la Saludcoop EPS para la época de los hechos; $27.324 millones al entonces Agente Interventor, Mauricio Castro, $20.470 millones al entonces Superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez; $16.848 millones al entonces Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales y $12.645 millones al entonces Agente Interventor, Guillermo Enrique Grosso.

En el caso de los 3 agentes interventores de Saludcoop EPS  imputados, la CGR les atribuye conducta dolosa o gravemente culposa y considera que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarma), en el segundo.