Grupos armados ilegales ha aprovechado la emergencia sanitaria para ampliar y fortalecer su poderío en las zonas rurales

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La ONU expresó este viernes su preocupación por el asesinato de varios defensores de derechos humanos en el suroeste del país a manos de grupos armados que están aprovechando el confinamiento para arreciar su campaña contra los activistas. 

En una declaración desde Ginebra, Rupert Colville, vocero de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo haber recibido el reporte de al menos 13 homicidios en lo que va del año en el departamento de Cauca, donde organizaciones se disputan el control del narcotráfico y de la minería legal.

Tres de los asesinatos se produjeron en los "últimos días" en medio de la emergencia sanitaria. "La situación en el departamento colombiano de Cauca (...) es muy preocupante", subrayó Colville.

Según el responsable, las medidas de confinamiento adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 "parecen haber agravado una situación de por sí violenta y volátil". 

Los grupos ilegales "parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio", agregó.

A los asesinatos selectivos de activistas se suman amenazas de muerte a poblaciones campesinas, afro e indígenas, de acuerdo con la ONU.

El Cauca es uno de los departamentos que, junto a Antioquia, Arauca y Caquetá, han registro más asesinatos de defensores de derechos humanos después de la firma de los acuerdos de paz. 

Más de la mitad de los 108 casos registrados por la ONU en 2019 en el país ocurrieron en esos territorios. 

A finales de marzo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó los recientes homicidios de líderes y defensores cometidos en plena cuarentena.