Una nueva audiencia oral realizará desde las 9 de la mañana de este viernes la Contraloría General de la República, CGR, en su sede de Bogotá con vídeo-conferencia en directo con la Gerencia Bolívar de esa entidad para permitir la participación de los procesados y sus apoderados, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal denominado cartel de la hemofilia de Bolívar cuyo detrimento patrimonial fue inicialmente en casi $25 mil millones.
La audiencia será conducida por el instructor del proceso, contralor Delegado Intersectorial II de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el abogado cartagenero Jy por muchos años exadministrador del Mercado de Bazurto, José Miguel Char Chicre, y, la misma, hace parte del proceso con radicado 1604-2015 al cual se encuentran vinculados el exgobernador Juan Carlos Gossaín Rognini, las exsecretarias de Salud titular y encargada, Ana María Álvarez Castillo y Bertha María Pérez López y, la actual directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Gobernación de Bolívar Nacha Newball Jiménez.
También figuran como vinculadas al referido proceso fiscal las siguientes entidades e instituciones: Fundación Ciénaga de la Vírgen, Asistencia Integral de Servicios en Salud, SAS, aseguradoras La Previsora y Colpatria, ESE Departamental Divina Misericordia de Magangué, operada por Fundación Renal de Colombia cuyo representante legal es Gabriel Antonio García Sotelo, hijo del exalcalde homónimo de Cartagena y primo de los excondenados exsenadores Juan José y Álvaro García Romero.
Esta nueva vista pública fiscal corresponde a una anterior que debió realizarse a mediados de septiembre y que tuvo que ser aplazada por excusa por enfermedad presentada por el apoderado de Fundación Renal de Colombia.
El caso
El Proceso de Responsabilidad Fiscal se desprende de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República durante la realización de la Auditoría 87876 de 2014, durante la cual se analizó la utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, para el sector salud correspondiente a 2013 y en donde la calificación obtenida para esa gestión fue Desfavorable, con un presunto detrimento patrimonial de $24 mil 450 millones de pesos, para lcuyo eventual resarcimiento solo hay pólizas de manejo en garantía por algo menos de $500 millones.
Los valores facturados por la atención a pacientes hemofílicos, según el Informe de Auditoria 87876/14, y, que sumaron un total de $24 mil 493 millones 690 mil 866 pesos se distribuyeron así: Fundación Ciénaga de la Virgen $7.833.560.832; Asistencial Integral de Servicios en Salud IPS $10.467.787.344 y ESE Departamental Divina Misericordia de Magangué, operada por Fundación Renal de Colombia $6.192.342.690.
Estos pagos, según la CGR se realizaron atendiendo 17 fallos de tutela que ordenaron el tratamiento integral y el suministro del medicamento antihemofílico a estos pacientes, pertenecientes al grupo de población pobre no cubierta con subsididos a la demanda, pese a que 15 de los 17, según la Base de Usuarios Asegurados, BDUA, presentaban registro como asegurados del Régimen Subsidiado por las EPS Mutual SER, Caja Acopi, Comfamiliar, Nueva EPS, Coosalud, Saludvida y Comparta; 1 contributivo de Nueva EPS y un menor de edad sin registro de afiliación, que debieron haber asumido los costos de tal atención y que la Gobernación de Bolívar debió haber hecho valer en los procedimientos de Tutela enumerados.
De igual manera, la referida Auditoría, también reprochó que la atención a los pacientes hemofílicos se hubiera cancelado a IPS con las cuales la Gobernación de Bolívar durante el mandato del exgobernador Juan Carlos Gossaín Rognini no tenía suscritos contratos para tal fin y que se hubieran realizado pagos cuya certificación de suministro de medicamento se aportó posteriormente, como sucedió con ASISTEGRAL, entidad que según certificación entregada por la Secretaría de Salud de Bolívar solo funcionó entre febrero de 2012 y hasta 2014, justamente en los tres primeros años de la administración del exgobernador Gossaín Rognini quién hoy reside en España como ciudadano comunitario con pasaporte italiano por ser descendeiente (nieto) de nacional de ese país.
Es de anotar, que pese a que los hechos con connotación fiscal, penal y disciplinaria ocurridos en 2013 y descubiertos en 2014 por la CGR, solo hasta el año pasado la Procuraduría General de la Nación decidió abrir formal investigación en contra del exgobernador Juan Carlos Gossaín Rognini, ya que inicialmente solo lo había hecho con los otros implicados, mientras que de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación no se tiene noticia, pese a la compulsa de copias que por estos hechos hizo la propia CGR en su oportunidad y la poca visibilización pública de los mismos, en contraste con otros casos también de presunta corrupción como los de los cárteles de la hemofilia, down y mentales de los departamentos de Sucre y Córdoba.