Para la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), los dos artículos incluidos por el Centro Democrático en el proyecto de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz  (JEP) suscitan tranquilidad a los militares, dijo el presidente de la agremiación, el general retirado Jaime Ruiz, quien consideró como oportuna la modificación y expresó plena confianza en el presidente electo Iván Duque.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve usted los artículos incluidos por el Centro Democrático en la JEP?

JAIME RUIZ: Lo de la creación de las salas al interior de la JEP para miembros de la Fuerza Pública es la mejor noticia, porque tal como está el tema del tribunal tiene unos magistrados no confiables, escogidos, como ya se sabe, por extranjeros con relaciones directas con grupos terroristas. El 50 por ciento de los magistrados no es confiable. Otros han sido funcionarios judiciales que en ejercicio de su cargo han manejado procesos contra militares y han asumido posiciones que no son confiables. Allí hay muchas razones y le dijimos al Gobierno, y le propusimos correcciones y eso no fue posible. Y lo que no se pudo hacer en este Gobierno y se anuncia que se va a hacer en el que comienza, excelente.

Ha generado polémica. Hay quienes dicen que eso no es constitucional. Esperemos que sea la Corte que la defina.

ENS: ¿Ustedes le habían propuesto cambios al tema de la JEP?

JR: Unos aportes que planteamos a través de las bancadas. Ocho observaciones aceptadas y al final se unieron al paquete que presentó el Centro Democrático en plenarias del Senado.

Eso para nosotros es una garantía, porque tal como se diseñaron actualmente estas normas de procedimiento, se le da una superación total a todos los recursos de acusación con gran restricción a lo que corresponde a las normas establecidas por Ley. En esas circunstancias se balancea un poco el tema. Con la aplicación de esta norma hay más tranquilidad.

Ahora bien, el caso Santrich, que es el otro artículo, no vale la pena discutirlo. Ya hay conciencia nacional que no se le puede seguir cediendo tanto espacio a las Farc, porque todo se diseñó de esa organización, y estas exigencias de la JEP, creo que quedan sin validez alguna. Y esa es una garantía para la sociedad colombiana. Entonces, es que cumpla la fecha y se extradita a este señor.

ENS: ¿Se sienten traicionados frente al tema de paz, por parte del actual Gobierno?

JR: Lo hemos dicho con toda precisión. A nosotros se nos presentó una cosa muy distinta, cuando se habló de la justicia transicional como mecanismo para aplicar a esta jurisdicción especial. Lo compartimos y entendimos que esto era lo adecuado en estas circunstancias. El propio jefe del Estado nos dijo que había plenas garantías en cuanto al blindaje internacional. En la medida de que se fue desarrollando esa negociación y aparece esa intervención tan efectiva por parte de los abogados de las Farc, especialmente del español Enrique Santiago, que logra una serie de imposiciones a favor de las Farc y en contra de los agentes del Estado, allí vinieron las primeras reclamaciones.

Por ejemplo, en el tema de nuestra legislación de tipo penal. Le abrieron las puertas al famoso artículo 28 sobre responsabilidad de mando, artículo que no ha sido aceptado y está en contra del bloque constitucional.

Está el tema del derecho operacional. El derecho operacional no existe. Hicieron una redacción jurídica y eso no se pudo remediar.

El puntillazo final es que aparece este comité de escogencia, los magistrados extranjeros con vínculos con organizaciones terroristas, y hacen esta elección. Quienes se postularon sanamente y tenían todos los requisitos no fueron considerados, y se fueron hacia la extrema izquierda radical y conformaron un tribunal que no es ninguna garantía. Por eso ese tribunal que hay no nos da ninguna garantía.

Se aprobaron en el Congreso una serie de impedimentos. Está en discusión en la Corte Constitucional. Mucha presión para que no se apliquen esos impedimentos y eso es lo que precisamente ha hecho que este proyecto que está ahora en cuanto a la creación de la nueva sala sea la mejor alternativa.

ENS: ¿Qué piensan de la posición del comandante de las Fuerzas Militares?

JR: Es cuestión de entender y darle la lectura adecuada. Los mandos militares no tienen la facultad ni los recursos, ni el poder para influir en las determinaciones políticas. A veces los usan. Y en esta ocasión se les ha querido usar. Y por eso enviaron una carta a una senadora, en unos términos que han sido motivo de cuestionamiento; firma el ministro y hace firmar a los mando militares y de la Policía. Eso ha generado un rechazo.

Hay que entender: esa redacción no fue de mutuo propio ni la carta fue de mutuo propio. En el estamento policial o militar eso no está bien visto y ha generado cuestionamientos. Y no es responsabilidad de ninguno de los generales. En términos de disciplina, el comandante en jefe es el presidente. Supongo que fue el presidente el que dispuso que se hiciese ese documento. Mientras no se esté violando la ley, están obligados a cumplir. Hay cuestiones de conveniencia o inconveniencia. En este caso veo que no había alternativa distinta que asumir esa condición de subalterno.

ENS: ¿Qué se espera del próximo ministro de Defensa?

JR: No sabemos quién puede ser. Hay un abanico de posibles ministros, pero no se sabe exactamente quien sea.

Lo que sí queremos es que quien sea designado sea realmente un interlocutor fiable y confiable por el cual podamos tener estrecha relación.

Nuestras organizaciones de las fuerzas activas son organizaciones muy respetables que no han asumido un rol de tipo político, que hemos venido manejando los temas que corresponden a lo que conocimos con base a nuestra experiencia cuando servimos al país.

En esta ocasión nos convertimos en una piedra en el zapato cuando planteamos una serie de inconveniencias y el mismo jefe del Estado nos comparó como un partido de oposición.