La Fiscalía General de la Nación judicializó al subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil Acosta, al patrullero Jackson Zapata Sepúlveda y al particular Giovanni Atehortúa Ospina, presuntamente implicados en el delito de concusión.

Según la investigación, los procesados le habrían exigido a la víctima el pago de 10 millones de pesos a un comerciante para no judicializarlo por un supuesto porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín, luego de que los ahora procesados, interceptaron a la víctima, quien se movilizaba en un vehículo de alta gama, en compañía de su pareja sentimental.

Los uniformados encontraron en el bolso de la mujer una pistola calibre 9 milímetros, respecto de la cual se contaba con los documentos que avalaban su permiso de tenencia legal. A pesar de esto, los policiales le habrían exigido a la víctima el pago de la referida suma, so pena de ser procesado.

Para presionar el pago, los uniformados se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después, y con el propósito de recuperar los bienes, la víctima habría entregado ocho millones de pesos en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le regresó la pistola y los demás bienes que les habían sido retenidos.

Por estos hechos, y tras interponer la denuncia, los investigados fueron capturados por la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.